Dos “súper” de edificio culpables de sobornos en Nueva York: corrupción histórica
Dos "súper" se declararon culpables de pedir dinero a contratistas en NYCHA en un caso de corrupción sin precedentes a nivel nacional
Lindsay Wade y Orlando Pardo, dos superintendentes de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), se declararon culpables de exigir sobornos a contratistas en un caso de corrupción sin precedentes presentado a principios de este año.
Las redadas en febrero en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Carolina del Norte constituyeron el mayor número de arrestos federales por soborno en un solo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).
Wade y Pardo se encuentran entre los 49 acusados que han llegado a acuerdos hasta ahora con las autoridades federales. Wade, de 53 años, es residente de Brooklyn (NYC) y Pardo (56) de Nueva Jersey. Cada uno de ellos enfrentó un cargo de solicitación y recepción de soborno en audiencias separadas en el Tribunal Federal de Manhattan.
Ambos formar parte de 70 empleados actuales y anteriores de NYCHA, la autoridad pública más grande del país, acusados en febrero por la oficina del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, de recaudar colectivamente más de $2 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos sin licitación valorados en más de $13 millones de dólares, detalló Daily News.
Entre 2013 y finales del año pasado los superintendentes, sus asistentes y otros empleados fueron responsables de aprobar contratos de “microcompra” sin licitación por menos de $10,000 dólares -una forma de ahorrar tiempo en comparación con el proceso de licitación pública- para casi un tercio de las órdenes en 335 complejos de vivienda pública en toda la ciudad.
En lo que según los fiscales federales se convirtió en una práctica habitual, los superintendentes de la agencia de vivienda pública plagada de escándalos a menudo postergaban trabajos de reparación o construcción hasta que sus bolsillos estaban llenos, lo que elevaba los costos y permitía que los problemas aumentaran en los hogares de los residentes de NYCHA.
Pardo fue superintendente en “Butler Houses” en Claremont, El Bronx, de 2016 a 2020 y luego fue transferido a “Sotomayor Houses” en Soundview, donde trabajó hasta agosto de 2022. Según los federales realizó al menos 204 depósitos en efectivo por un total de $108,000 dólares entre julio de 2016 y septiembre de 2023. Muchos fueron depositados cerca de cuando a un cooperante anónimo en el caso se le adjudicó un contrato sin licitación para trabajos en los complejos a su cargo.
Wade fue superintendente en “Albany Houses” en Crown Heights, Brooklyn, desde enero de 2019 hasta su arresto en febrero. Según los federales, un contratista anónimo que cooperó contra Wade le pagó entre $500 y 1,000 dólares en efectivo por siete contratos sin licitación entre julio de 2020 y mayo de 2022.
“Las acciones de estos individuos son una traición a la confianza pública y una vergüenza para los funcionarios públicos que honorable e incansablemente sirven a nuestra ciudad todos los días”, dijo el portavoz de NYCHA, Michael Horgan, en un comunicado. “Crearon una cultura de corrupción, que afecta negativamente a la dedicada fuerza laboral de NYCHA, que ahora debe trabajar el doble para recuperar la confianza de los residentes y mejorar las condiciones en nuestros desarrollos. Hemos pedido que el tribunal imponga una pena adecuada que refleje la gravedad de esta conducta y demuestre que estas acciones tienen consecuencias que disuadirán futuros casos de corrupción”.
Luego de las acusaciones a principios de este año, NYCHA acordó renovar su proceso de contratación sin licitación e implementar otras medidas para combatir la corrupción. La agencia se negó a proporcionar al Daily News información sobre las medidas adoptadas para abordar la mala conducta generalizada desde los arrestos.
En otro caso este año de fraude con fondos públicos en Nueva York, en marzo unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre las 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.