Chavismo amenaza con inhabilitar a opositores que “pidan sanciones” contra funcionarios
Los señalados habrían solicitado a Estados Unidos acceso a activos de Citgo, según el régimen de Nicolás Maduro
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Crédito: Ariana Cubillos | AP
La Asamblea Nacional controlada por el chavismo anunció este lunes que pedirá a la Fiscalía General de Venezuela, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, la aplicación inmediata de la Ley Simón Bolívar contra un grupo de diputados opositores, elegidos en 2015.
Según el oficialismo, los señalados habrían solicitado a Estados Unidos acceso a activos de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, bloqueados por sanciones internacionales.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó una supuesta carta en la que los exlegisladores habrían pedido al jefe de Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, manejar dividendos y otros bienes congelados en el extranjero.
Rodríguez acusó a los opositores de actuar en complicidad con gobiernos extranjeros para “apropiarse ilegalmente de recursos que pertenecen al pueblo venezolano”.
La Ley Simón Bolívar, aprobada el pasado noviembre, contempla penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitación política por 60 años para quienes promuevan sanciones o manipulen fondos del Estado.
Según Rodríguez, las exdiputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez figuran como principales responsables, mientras exige investigar a otros posibles implicados en lo que describió como una “conspiración internacional”.
Además, el chavismo busca aplicar la Ley de Extinción de Dominio para recuperar activos vinculados a presuntos casos de corrupción relacionados con esta solicitud.
Rodríguez aseguró que los opositores pretenden usar los recursos bloqueados para “engordar sus bolsillos” y financiar actividades contra el régimen.
Con esta medida, el oficialismo intensifica su discurso contra los dirigentes opositores en el exilio, a quienes acusa de ser cómplices de las sanciones internacionales que pesan sobre el país.
Desde sectores opositores, estas acciones son vistas como un nuevo intento de persecución y criminalización de la disidencia política.
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