115 nuevas demandas contra la Ciudad de Nueva York por supuestos abusos sexuales en centros de detención juvenil

Esta acción, eleva a 539 el número total de procesos judiciales, presentados desde abril de 2024

Sobrevivientes representados por Levy Konigsberg LLP, buscan justicia y rendición de cuentas por el supuesto abuso sufrido en el sistema de detención de menores de la Gran Manzana

Sobrevivientes representados por Levy Konigsberg LLP, buscan justicia y rendición de cuentas por el supuesto abuso sufrido en el sistema de detención de menores de la Gran Manzana  Crédito: Levy Konigsberg | Cortesía

El despacho de abogados Levy Konigsberg y líderes electos de la ciudad de Nueva York anunciaron este martes la presentación de 115 nuevas demandas civiles, en nombre de sobrevivientes de abuso sexual, perpetrado presuntamente por empleados de centros de detención de menores en Brooklyn y El Bronx. Esta nueva acción, eleva a 539 el número total de procesos judiciales, presentados desde abril de 2024.

Las demandas tienen como objetivo responsabilizar a la Ciudad de Nueva York por su aparente fracaso en la protección de los niños vulnerables, bajo el amparo de Ley de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, vigente desde hace un par de años. 

Los abogados Jerome Block y Madeleine Skaller, junto con varios sobrevivientes, líderes electos locales y defensores, se reunieron este martes en la Facultad de Derecho de Brooklyn para tomar una postura contra el abuso sistemático en el Centro de Menores Crossroads, el Centro de Detención Juvenil Spofford (también conocido como Centro de Detención Juvenil Bridges), el Centro de Menores Horizon y Rikers Island.

Cientos de denuncias de abuso sexual, que abarcan más de cinco décadas, subrayan una aparente cultura de “secreto y negligencia”, en los centros de detención de menores de la ciudad de Nueva York, describe en un comunicado el grupo de abogados.

Historias de explotación

Entre los demandantes se encontraba Kendra Monsanto, quien compartió que tenía solo 13 años, cuando la sacaron de su casa y la enviaron a un centro de detención de menores. 

Fui coaccionada, manipulada y explotada por los miembros del personal. El impacto de lo que me pasó ha sido profundo y cambió el curso de mi vida. Las personas responsables deben rendir cuentas y nuestras historias deben ser escuchadas. No se trata solo de buscar justicia por el pasado, sino de crear un futuro más seguro para nuestros hijos”, dijo emocionada.

Otro demandante, Angel Sánchez, relató que fue encarcelado en 2011 en el centro de detención juvenil Crossroads: el sistema debe ser un lugar de rehabilitación, no de daño. Debemos impulsar la reforma y la supervisión en el sistema de justicia juvenil, para que las futuras generaciones de jóvenes sean tratadas con dignidad y respeto.

Una ventana abierta

Este paquete de querellas civiles, se presentó en virtud de la Ley de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, recientemente modificada, la cual proporciona vías legales para que los sobrevivientes de este tipo de abuso sexual, puedan reclamar daños y perjuicios a sus abusadores y a las instituciones que lo permitieron.

En 2022, el Concejo Municipal aprobó una ley para crear un plazo de dos años para que los sobrevivientes, presenten demandas civiles contra sus perpetradores y también contra las instituciones que no los protegieron. Incluso, si han pasado años o décadas desde que la supuesta agresión sexual tuvo lugar.

Esta ventana retrospectiva estará abierta hasta febrero de este año y brinda a los demandantes, una oportunidad significativa de buscar justicia.

Muchas de las supuestas víctimas aseguran que fueron obligados a practicar sexo oral u otros actos sexuales. Los acusados directos son mayoritariamente oficiales penitenciarios y consejeros.

En algunos de los casos, el abuso comenzó inmediatamente a su ingreso a los recintos carcelarios, en otras situaciones se expone que fueron drogados.

La Ciudad busca desestimar los casos

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la municipalidad está trabajando activamente para que se desestimen los casos, argumentando que la ley asigna responsabilidad solo a las personas que cometieron la agresión sexual, en lugar de a las instituciones que aparentemente permitieron el abuso.

En respuesta a esta moción, Levy Konigsberg,  líder de un bufete de abogados dedicado a luchar por la justicia en nombre de quienes han sobrevivido al abuso y la explotación sexual infantil, sostiene que la interpretación de la Ciudad es incompatible con la ley.

El jurista afirma que la intención clara de la Ley de Violencia motivada por Género, co patrocinada por 26 miembros del Concejo, era permitir que se atendieran específicamente los casos, como los presentados por este grupo de sobrevivientes.

Aunque todas demandas presentadas hasta ahora contra el gobierno municipal, se basan en hechos que supuestamente se registraron mucho antes de la gestión de Adams, los activistas y líderes electos exhortan a que derivado de estas experiencias, aborden de una vez por todas la tendencia de abuso sexual en los centros de detención juvenil.

Una fuente municipal asegura que la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS) lleva a cabo inspecciones sin previo aviso y se capacita a su personal bajo la Ley federal de Eliminación de Violaciones en Prisiones, una ley de 2003 establecida para brindar capacitación, recopilación de datos y recursos para ayudar a disuadir el abuso sexual en las prisiones a nivel nacional.

Por su parte, la concejal de Manhattan, Carlina Rivera, patrocinante de esta legislación, recordó que esta ventana de dos años se cierra el 28 de febrero de 2025, después de lo cual se reanudará el plazo de prescripción de 9 años.

“Es fundamental que generemos conciencia sobre el cierre de esta ventana y que sigamos apoyando a los sobrevivientes en su camino hacia la curación”, concluyó la legisladora local.

El dato:

  • 14-15 años era la edad promedio de la mayoría de los demandantes, cuando supuestamente fueron agredidos sexualmente.

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