Gobernadora de Arizona pierde demanda contra jornaleros
Jan Brewer quería que la policía del estado impidiera a los trabajadores inmigrantes obstruir el tránsito cuando buscan u ofrecen trabajo en las calles
PHOENIX, Arizona ? Una corte de apelaciones ratificó hoy el fallo que impide a la policía en Arizona aplicar una disposición poco conocida de ley de inmigración decretada en 2010 y que prohíbe a personas obstruir el tránsito cuando buscan u ofrecen mano de obra en las calles.
La gobernadora Jan Brewer pierde la apelación
La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito asestó un revés a la gobernadora Jan Brewer, que había solicitado a esta instancia revocar la decisión de una jueza que en febrero de 2012 rechazó los argumentos de que era necesario normar el trabajo de los jornaleros para el bien de la seguridad vial.
Los grupos que impugnaron la ley argumentaron que la disposición sobre los jornaleros suponía una restricción inconstitucional al derecho a la libertad de expresión de las personas que desean manifestar su necesidad de conseguir trabajo.
Para la corte de apelaciones, la jueza federal Susan Bolton había decidido correctamente que la disposición sobre los jornaleros incumplía el requisito de que las restricciones a la publicidad comercial no deben superar lo necesario para cubrir el interés del estado en fomentar la seguridad vial.
El fallo de hoy se centró solamente en la disposición los jornaleros, que figuraba entre otros aspectos de la ley a los que se permitió la entrada en vigencia tras una decisión judicial en julio de 2010.
La restricción sobre los jornaleros no figuró entre las secciones de la ley que la Suprema Corte consideró en 2012 cuando ratificó la disposición más controvertida que obliga a la policía, en el cumplimiento de su deber, a preguntar a las personas sobre su condición migratoria si considera que se encuentran sin autorización en el país.
El tribunal anuló ley para que los inmigrantes lleven documentos
El máximo tribunal anuló otras disposiciones de la ley, como la que obligaría a los inmigrantes a obtener o portar documentos de registro ante autoridades migratorias.
Se desconoce si la policía aplicó la disposición sobre los jornaleros mientras estuvo en vigencia desde julio de 2010 hasta la decisión que emitió la jueza en febrero de 2012.