Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico espera por reunión con gobernadora sobre licencias de conducir a migrantes
“Tiene que haber un (debido) proceso, y ningún ser humano es ilegal", planteó el activista José Rodríguez sobre los operativos de ICE en Puerto Rico
Vista aérea del vecindario de Santurce, en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, dijo que espera por una reunión con la gobernadora Jenniffer González para formalizar el pedido de que se protejan las licencias de conducir para migrantes indocumentados en la isla en medio de los operativos de las autoridades federales contra esa población.
“En todos los medios yo la he instado que queremos reunirnos con ella”, indicó el activista en entrevista con El Diario.
“El llamado sigue activo a una reunión para ver qué se va a hacer. Una madre fue a llevar a su niño hace poco a la escuela en Barrio Obrero (Santurce). Cuando dejó el niño, la estaba esperando ICE afuera y se la llevaron. Ella fue deportada. ¿Qué va a pasar con ese menor? Y eso es lo que le queremos llevar a ella, el aspecto humanitario”, añadió sobre los operativos que encabeza ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y sus efectos en el territorio como parte de las políticas de la Administración Trump.
En Puerto Rico, más de 20,000 migrantes cuentan con licencias de conducir en virtud de la Ley Núm. 97 de 7 de agosto de 2013, estimó.
La licencia es una autorización que expide el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) para manejar un vehículo de motor por las vías públicas de la isla.
Para solicitarla, el extranjero debe haber residido en Puerto Rico por un periodo mayor de un año; no poseer una tarjeta de Seguro Social ni documento que verifique que no es elegible y no poseer documentación que demuestre que es ciudadano (a) de los Estados Unidos.
La ley derogó la número 79 del 26 de agosto de 2005, conocida como la de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico que establecía que, para poder obtener una licencia, el solicitante debía someter un documento de identidad, expedido por las autoridades en Puerto Rico, uno de los estados de EE.UU. o pasaporte por una autoridad extranjera como prueba de identidad.
El estatuto además estableció que el secretario de DTOP no puede incluir información en las referidas licencias sobre el estatus migratorio o la ciudadanía de la persona a la que se le ha expedido tal licencia.
Rodríguez reveló que, junto a otros grupos defensores de los derechos de los migrantes, investigan si el DTOP está compartiendo con las autoridades federales información de los extranjeros que fueron a hacer trámites relacionados con licencias de conducir a los llamados CESCO o Centros de Servicios al Conductor.
Al activista, alegadamente, le ha llegado información de tres casos de dominicanos a los que agentes federales arrestaron luego de que acudieran a recibir servicios a estas oficinas.
“Hubo un arresto, que la esposa de la persona me llamó, que el único sitio que él fue y dio sus datos fue en el CESCO de Carolina. Al único sitio que él fue a sacar la licencia de manejar después de la de aprendizaje fue en el CESCO. Otro más, me comentan, que fueron a buscarlo a la casa, y alegan, también, que el único trámite que hizo fue sacar su licencia”, relató Rodríguez a este rotativo.
El entrevistado añadió que de estas personas, dos estaban por ser deportadas y la tercera regresó por su cuenta a Dominicana por asuntos de salud.
Rodríguez anticipó que, no descartan incoar un pleito legal o causa de acción civil por violación de derechos civiles de confirmarse cualquier traspaso de información de las autoridades locales a las federales.
De paso, el portavoz comunitario cuestionó el silencio de la gobernadora sobre este tema, y de otros funcionarios como el presidente dominicano, Luis Abinader.
“La gobernadora ha hecho mutis después de que buscó el voto de los dominicanos. El gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, no ha dicho nada tampoco; ni siquiera a Marco Rubio le comentó nada sobre esto (durante su visita a Dominicana)…”, alegó.
El Diario llamó a La Fortaleza este lunes para pedir una reacción al equipo de la gobernadora sobre estas alegaciones y además envió un correo electrónico a su encargada de prensa, pero no hemos recibido respuesta por ninguna de las dos vías.
En declaraciones luego del mega operativo de las autoridades federales del 26 de enero en el que se arrestó a varios dominicanos en vecindarios como Barrio Obrero, la gobernadora dijo que interpretaría y revisaría el alcance de los derechos de indocumentados en áreas como salud, licencias de conducir y otros servicios.
“Ahora nosotros vamos a tener que interpretar y revisar cuál va a ser el alcance en derechos como el área de salud, en el área de las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ‘ilegal’ en Puerto Rico. Aunque esto no se nos ha solicitado, la realidad es que las ciudades y estados que están otorgando estas cosas pudieran perder los fondos federales. Así que nosotros por nuestra parte vamos a hacer toda esta interpretación, tanto la secretaria de Justicia, la de Estado, que tendrán reunión esta semana en Washington se verificará como se estarán manejando todos estos casos”, planteó González en aquel momento.
Luego de esas expresiones, no se le ha escuchado a la primera mandataria referirse al tema nuevamente o detallar el curso que ha tomado la evaluación.
Por su parte, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, a mediados del mes pasado, aseguró que no colaboran con las agencias federales en sus pesquisas migratorias.
“El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente”, indicó González Montalvo mediante declaraciones escritas a El Nuevo Día.
La transportación es clave para que cualquier persona, incluyendo los inmigrantes, ya que les facilita el acceso a sus trabajos y a servicios públicos esenciales.
Lo anterior, junto al efecto económico en cadena, fue parte de lo que llevó a que la propuesta de las licencias se convirtiera en ley bajo la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).
“Una persona que tiene $5,000 o $10,000 dólares debajo del colchón, no solamente lo va a depositar en una cuenta de banco; sino que, si quiere comprar un vehículo, al sacar la licencia, va a tener dinero para comprar un vehículo, porque aquí el transporte colectivo es un poco complicado para llegar a los sitios de trabajo. Entonces, ahí va a haber un ingreso al fisco. Va a comprar un vehículo, va a comprar gasolina, le va a echar aceite, va a comprarle gomas, va a comprar marbete y seguro compulsorio. Es un ingreso enorme para el fisco, y por eso fue aprobado el proyecto”, destacó Rodríguez, uno de los principales impulsores de la ley.
Por otro lado, el portavoz entiende que, para eliminar la vigencia de las licencias de conducir para migrantes, la legislatura en Puerto Rico necesita revocar la ley bajo la que se otorgaron, y que no puede tomarse una acción de esta naturaleza mediante orden ejecutiva, por ejemplo.
“Aquí hay un Senado y una Cámara. Pero, imagínate, involucrarse para revocar leyes de avanzada como esta de derechos civiles y humanos”, señaló.
El entrevistado añadió que no tiene constancia de que la gobernadora quiera instruir a la Asamblea Legislativa a dejar sin efecto la ley 97, pero, precisamente, por la falta de información, es que insisten en reunirse con ella.
“No nos consta todavía eso, y esperamos que no suceda. Pero, esperamos por esa reunión para hablar con ella, porque siempre estamos abiertos a reunirnos con cualquier autoridad. No tomamos nada personal, todo es institucional”, afirmó.
En el operativo masivo del 26 de enero, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico e Islas Vírgenes dijo que 47 personas fueron detenidas.
De esas, dos fueron liberadas, ya que habían sido detenidas a pesar de contar con estatus regularizado o en trámite.
Sobre esa primera intervención, Rodríguez alegó: “Fueron a un sitio donde vivían compatriotas dominicanos que alquilan habitaciones que están divididas en una casa, y le tumbaron las puertas, sin una orden; rompieron los aires acondicionados, sin una orden”.
“La excusa era que iban a arrestar a asesinos, criminales que eran buscados con una orden; pero, esas personas, ninguna tenía ningún delito ni orden de arresto”, argumentó.
“Están arrestando empleados de la construcción, amas de casa, personas que no tienen que ver nada con delito, y están yendo a su casas, donde viven”, continúo.
Rodríguez sospecha que, aunque la cifra que resuena es la de unos 107 arrestos en Puerto Rico desde que las órdenes antimigratorias del presidente Donald Trump entraron en vigor, el número sería mayor.
“(En total) hablan de 107 personas. Pero yo lo dudo; deben ser más personas…Fueron a Río Piedras hace unas dos semanas; cerraron la calle y fueron tocando casa por casa y sacando a las personas de sus casas”, relató.
“Pero, ¿a usted le consta eso?”, indagó El Diario.
“Es que yo tengo personas en Río Piedras y publicaron videos de las intervenciones…O sea, que sí lo hicieron y lo siguen haciendo. Inclusive, en Canóvanas, hace tres semanas se llevaron ocho personas, y el agente no sabía que había una cámara grabando frente a la casa, y le gritaba improperios, palabras soeces. Yo le envié ese video a la directora de HSI, Rebecca González-Ramos, para que ella viera que andaban sin identificación, sin un vehículo rotulado”, respondió al tiempo que añadió que espera poder reunirse pronto con la funcionaria federal para discutir a fondo estas y otras alegaciones.
Rodríguez además cuestionó una intervención en El Baní en Carolina, hace aproximadamente un mes, en la que agentes se llevaron a tres dominicanos, según confirmó a Noticentro el propietario del negocio José Castillo.
Esta semana, Telenoticias reportó que más de 30 migrantes sin estatus migratorio regularizado fueron arrestados en una supuesta gallera clandestina en el residencial Ernesto Ramos Antonini de San Juan.
Rodríguez sostuvo que, aunque las autoridades federales alegan que no proceden con base en perfil racial, los hechos apuntan a otra cosa.
“Ellos están pescando en río revuelto y están buscando lo que encuentren. Pero, aquí todos somos hispanos en Puerto Rico, a diferencia de EE.UU. Pero el dominicano se distingue por su tez oscura, y estas intervenciones son en barrios dominicanos; no son en ‘Guaynabo City’; no son en Ciudadela; no son en zonas de personas adineradas y blancas; no, son en zonas de dominicanos. Decir que no es por perfil racial, creo que le falta a la verdad”, consideró.
“Se han arrestado personas de otras nacionalidades (que no son dominicanos), pero la mayoría el 90% o 95% son dominicanos”, insistió.
Al planteamiento de que los operativos se han traducido en el arresto de extranjeros con abultado récord criminal como Wilquin Melo Marte buscado por doble asesinato en R.D., Rodríguez sostuvo que, incluso en casos como ese, no se justifica un indebido proceso de ley.
“La persona que haya cometido un delito tiene derecho al debido proceso de ley, y ser hallado culpable más allá de toda duda razonable. Esos hechos que se le imputan a esa persona fueron en República Dominicana. Pero, el punto focal aquí es que están buscando criminales y asesinos que están cometiendo delito aquí en EE.UU. Si detuvieron a esa persona, bien, que la procesen y que vaya a R.D. y enfrente esa acusación que tiene, pero, en cuanto aquí se refiere, debe haber un debido proceso de ley, una orden de arresto, una orden de allanamiento por un juez, no un papel firmado por cualquier funcionario de ICE o de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) o del FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”, abundó.
“Tiene que haber un (debido) proceso, y ningún ser humano es ilegal; esa es la consigna que estamos usando”
Otra preocupación de Rodríguez son las intervenciones en espacios sensitivos como escuelas y hospitales.
La semana pasada, unas 50 organizaciones entre las que se encontraba el Comité y la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) realizaron una marcha en la que, entre otras cosas, solicitaron que la legislatura en Puerto Rico apruebe el Proyecto de la Cámara 331 que busca evitar que agentes federales accedan a lugares “sensibles” como hospitales y escuelas para realizar arrestos migratorios a menos que cuenten con órdenes judiciales.
“Ese fue uno de los reclamos de la última marcha que hicimos con más de 50 organizaciones. El proyecto de ley es para crear sitios seguros. El Colegio de Médicos Cirujanos le van a dar ayuda médica, vía telefónica y presencial, a personas sin el estatus regularizado con situaciones graves de salud como una que me envío una foto porque se quemó en su casa y no se atreve a ir al médico”, abundó sobre los efectos colaterales de las intervenciones.
A juicio del activista, el temor de migrantes a acudir a hospitales y clínicas puede provocar una crisis de salud pública.
“Si una persona tiene una enfermedad infectocontagiosa en Puerto Rico o en cualquier sitio y no es tratada, se monta en el tren que va lleno de personas, va a expandir ese virus, porque no tiene acceso a la salud”, puso como ejemplo.
Añadió que preparan una ponencia y pedirán participar de las vistas públicas del proyecto cuando se anuncien.
“Tengo pendiente llamar al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para instarlo a que apoye ese proyecto para que las iglesias, escuelas y hospitales sean sitios seguros”, adelantó.
Agregó: “Ellos no solo son asambleístas de los del PNP, son de todos los puertorriqueños y migrantes que vivimos aquí. Sé que hay muchos con consciencia social y le vamos a solicitar al presidente del Senado que no suceda como con las licencias de conducir que la gobernadora le votó en contra y la bancada PNP le votó en contra en su totalidad”
Rodríguez también emplazó al comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, a que le dé seguimiento al compromiso que hizo de instruir a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) a no colaborar con las autoridades federales.
“El comisionado residente fue a Barrio Obrero, nos reunimos, caminamos por el área, escuchó los reclamos, y hasta la fecha, le escribí anoche a su ayudante, y no me ha respondido. Fíjese qué forma de hacer política, que solamente piensan en lo inmediato, pero no piensan que cuatro años pasan enseguida, y van a querer volver a buscar el voto de nosotros; aquí los vamos a estar esperando, tanto al PNP (Partido Nuevo Progresista) como al Partido Popular”, reclamó.
En una entrevista con El Nuevo Día hace aproximadamente un mes, González Ramos dijo que no se han establecido cuotas (de deportaciones), “pero la expectativa, a nivel nación (de EE.UU.), es que todas las oficinas estén trabajando en inmigración todos los días, los siete días de la semana”.
Como parte de la gestión, González Ramos argumentó que es inevitable que se reporten “daños colaterales” como la detención de personas con documentación para permanecer legalmente en la isla.
“La forma en que procesas un detenido es la misma si procesas un narcotraficante, un agresor sexual o un inmigrante en los Estados Unidos. La forma de tratar un detenido es la misma para todas las personas. Hay que esposarlo, porque yo no sé quién es esa persona. Hay que asegurar al agente”, planteó sobre las denuncias de violación de derechos civiles durante los arrestos.
El Diario ha enviado varios emails a la oficina que dirige la funcionaria federal para solicitar una entrevista sobre este tema, pero no hemos recibido respuesta.
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