Miles de venezolanos en NY al borde de la ‘autodeportación’ ante el fin del TPS, el ‘parole’ humanitario y el estigma del Tren de Aragua

Desde el pasado mes de enero se empezó a granjear en el país un campo minado de incertidumbre por donde caminan los migrantes en Nueva York. Esta era de restricción migratoria y de deportaciones masivas, tiene senderos más complicados para miles de venezolanos recién llegados a la Gran Manzana. Esta comunidad lleva la pesada carga que significa, que algunos factores criminales, se hayan colado entre los suyos.

“Nosotros no somos víctimas de Trump. Somos víctimas de los delincuentes venezolanos que se colaron por la frontera. Y no fueron pocos. No fueron, ni uno, ni dos. Fueron un montón“, reconoce en un albergue de la ciudad de Nueva York, una migrante de ese país, que prefirió no revelar su identidad.

En los hechos, varios casos protagonizados por “chamos” en todo el país, han sido parte de la palanca mediática, que impulsa gran parte de las acciones de la Administración Trump contra la migración. Y esta dinámica, está teniendo sus efectos, con mucha agudeza, en los albergues para migrantes: muchos consultados están asumiendo que su única salida es la autodeportación o salida voluntaria.

Solo un testimonio, entre miles: la caraqueña Claudia Vargas ha navegado desde hace 17 meses en varios albergues de Manhattan, con su hijo de 19 años y su nueva pareja. Al igual que decenas de sus connacionales, está preparando sus maletas para irse a un tercer país. Esta familia avizora como “terrible” la posibilidad de regresar a su natal Caracas. Pero peor aún, vivir bajo la amenaza que en cualquier momento puedan terminar confinados en una cárcel de máxima seguridad en Cuba o en Centroamérica.

“Mi hijo tiene tatuajes. Y no es ningún delincuente. Estoy helada aquí del miedo, que a ellos los pongan en el mismo saco del Tren de Aragua. Yo reconozco que aquí llegó gente mala. Un grupo de malandros, que nos destruyeron a todos. Pero hay riesgos que ya no se pueden correr: el sueño americano, se terminó para miles de venezolanos”, reconoció.

“No se puede vivir con este ‘psicoterror'”

El miedo para este segmento de la migración en la Gran Manzana se convirtió en pánico, especialmente tras los reportes que muestran cómo el pasado lunes terminaron más de dos centenares de hombres de esta nación caribeña, en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Todo en medio de una disputa legal que aún está viva.

Con base a lo reiterado por la Casa Blanca, fue “ampliamente verificado por varias agencias federales”, que parte de los deportados, son parte supuestamente de la pandilla el Tren de Aragua, que ha sido designada por la Administración Trump, como un grupo terrorista. Otros tenían records criminal en el país.

“Se están llevando detenidos a puertorriqueños, a personas que tienen hasta papeles, que tienen TPS. ¿Qué vamos a esperar nosotros, que estamos todos rayados (estigmatizados) como criminales? No se puede vivir con ese ‘psicoterror'”, comentó Claudia, en las afueras del Hotel Row, en el centro de Manhattan, uno de los 200 alojamientos que instaló la Ciudad de Nueva York, para hacer frente a la crisis migratoria.

La mayoría de sus compañeros de piso piensan lo mismo. E inclusive, piensan tomar la palabra al primer mandatario estadounidense.

En cuestión de semanas, la Administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, canceló la figura del ‘parole’ humanitario y más recientemente sustituyó la aplicación CPB One por CPB Home, en donde se exhorta a los inmigrantes indocumentados a “autodeportarse” antes de que las autoridades migratorias tomen medidas en su contra.

“Si no aprovechan esta oportunidad, serán encontrados, deportados y nunca más serán admitidos en Estados Unidos, nunca jamás, nunca volverán a entrar”, alertó el pasado martes en un video el presidente Trump, dirigido a todos a quienes se encuentren en situación irregular.

Apenas este viernes se anunció que además eliminará el parole humanitario, un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, según un borrador publicado en el Registro Federal.

El beneficio migratorio expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él, deberán abandonar el país antes de esa fecha o arriesgarse a permanecer de manera irregular.

¿Ciudad santuario?

Por décadas para los migrantes de la Ciudad de Nueva York existía como una especie de manto de protección emocional, por tratarse de una ciudad santuario. Ahora como admiten portavoces de organizaciones comunitarias, no está claro hasta qué punto la Administración municipal esté articulando planes de deportación con el gobierno federal.

Fuentes municipales advierten que el pasado 25 de febrero, la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA), actualizó la guía informativa, para que las comunidades pudieran conocer sus derechos en caso de que ICE visite sus residencias.

En este instante no hay precisión, hasta qué punto los funcionarios municipales y los oficiales de seguridad privados, tienen instrucciones para bloquear el acceso de los federales, a espacios municipales como albergues, sin una orden judicial.

A la fecha, no hay registros oficiales o confirmados de la incursión de la agencia federal en estos albergues. La expectativa es que decenas de estos refugios temporales, cierren en los próximos meses.

Venezolanos: una cara de la crisis

En total, la Gran Manzana recibió a 240,000 migrantes, que entre mayo de 2022 y 2025, llegaron pidiendo albergue, luego de haber cruzado la frontera sur con México. Actualmente, menos de 40,000 se encuentran en estas instalaciones, pero en el pico de la crisis, 69,000 migrantes estaban bajo el cuidado absoluto de la municipalidad.

De este conglomerado, se calcula que cerca del 50% de estos recién llegados, han sido de origen venezolano, quienes entre otros beneficios, con la ayuda de clínicas jurídicas financiadas por la Ciudad, obtuvieron sus permisos de trabajo. Otros lograron formalizar su solicitud de asilo político. Otros están a la deriva, sin ninguna protección legal, o pronto lo estarán. En otro grupo se encuentran, quienes perdieron sus citas en las cortes.

A través de aproximaciones estadísticas de organizaciones comunitarias, más del 70% de los venezolanos, que llegaron en la primera oleada de la primavera de 2022, se reubicaron en otras ciudades, buscando mejores oportunidades habitacionales y de trabajo.

“Así tengas papeles es muy difícil ganarse la vida aquí, con el desprestigio que tenemos los venezolanos, por un grupo de malas conductas, que estoy seguro mandó el mismo régimen de Maduro. A mí se me vence el TPS. Pero antes de eso arranco (me voy) de aquí. Yo no voy a esperar que me metan en una jaula. Y terminar retratado como un pandillero, sin serlo“, dijo Argenis Padilla, un joven de 24 años, quien se gana la vida como deliverista en una aplicación de comida.

Argenis, al igual que muchos de sus connacionales consultados por El Diario, en los hoteles Row y Watson, en Manhattan, decidió re inmigrar a España.

“Hace poquito uno decía, ‘el que no la debe, no la teme’. Pero eso cambió. Han mandado a estas tumbas (cárceles) a chamos, solo por estar ilegales aquí. Muchos de los malandros de verdad ya se fueron, porque saben que lo que les viene es candela”, comentó.

Fin del TPS

A escasas semanas de la entrada en vigor de la suspension del beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS) ,que afectará al menos a 300 mil venezolanos, portavoces de organizaciones de base comunitaria de Nueva York, tales como Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) y el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), levantan su voz ante lo que califican como una “retórica engañosa que trata de asociar a toda una comunidad con una organización criminal”.

La suspensión de esta protección humanitaria, implica la caducidad inmediata de sus autorizaciones de trabajo, convirtiendo a los ex beneficiarios en sujetos a deportación de manera inmediata. Varios testimonios recogidos por El Diario en albergues de la Gran Manzana, muestran que decenas de familias, como la de Claudia, que no aplican para otros beneficios migratorios, han optado por su inminente “auto deportación”.

Se estima que, tras Florida, Texas y Utah, los venezolanos residentes en el área tri estatal de Nueva York, se encontrarían entre las comunidades más perjudicadas por dicha medida, la cual actualmente se intenta revocar a través de instancias judiciales.

Según las organizaciones, la revocación significa que 350,000 de estos nacionales perderán esta protección el 7 de abril, y se espera que otros 250,000, la pierdan en septiembre de 2025.

“Paren la criminalización”

En el contexto de la agitación provocada además por una serie de deportaciones de ciudadanos venezolanos hacia Guantánamo y El Salvador, señalados de formar parte de la organización Tren de Aragua, diversas coaliciones sostienen que se está configurando una narrativa que promueve la discriminación, la criminalización y la xenofobia, hacia los ciudadanos de dicho país latinoamericano residentes en los Estados Unidos.

Las activistas Niurka Meléndez, co-directora de VIA y Beatriz Borges, directora de CEPAZ citan que los propios datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contradicen esta narrativa, demostrando que menos del 1% de los beneficiarios del TPS, tienen vínculos con actividades criminales. 

“La representación de los migrantes venezolanos como una amenaza a la seguridad carece de base fáctica y socava las significativas contribuciones que hacen a la sociedad y a la economía de los Estados Unidos”, indicaron en un comunicado.

“Todo está peor”

Meléndez y Borges rechazan rotundamente la justificación para suspender el TPS, basada en la afirmación de que las condiciones de vida en Venezuela han mejorado. 

“En realidad, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis humanitaria. La persecución política continúa intensificándose, especialmente después de la crisis post electoral de 2024, con crecientes restricciones al espacio cívico y una mayor represión estatal”, argumentan los portavoces de estas organizaciones.

En este escenario complicado, VIA y CEPAZ instan al gobierno federal a reconsiderar esta decisión y a alinear sus políticas migratorias, con su histórico compromiso con los derechos humanos y la protección internacional.

“Es necesario poner fin a las narrativas dañinas, que estigmatizan a los refugiados venezolanos, ya que contribuyen a la discriminación y la hostilidad injustificada, hacia esta comunidad vulnerable”, rematan.

Esperanza en tribunales

Varias organizaciones de venezolanos presentaron dos demandas con las que buscan impedir el fin del TPS para cientos de miles de personas, tras una orden ejecutiva de la administración del presidente Donald Trump.

La primera demanda se presentó en California, por la Alianza Nacional TPS, contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El documento trata de impugnar la terminación “por estar motivada por animosidad racial” y estipula que Noem tomó “dos acciones ilegales” al dejar sin efecto la extensión y cancelar el TPS designado en 2023.

El gobierno federal justificó su decisión, asegurando que el TPS había “permitido que una población significativa de extranjeros inadmisibles o ilegales, sin un camino hacia un estatus migratorio legal, se establezca en el interior de Estados Unidos”.

Al límite:

• 24 de marzo es la fecha en la cual se llevará a cabo en California la audiencia de la primera demanda presentada en contra de la eliminación del TPS para venezolanos.