13 senadores piden a Administración Trump revertir nuevas guías que restringen acceso de migrantes a programas y servicios en agencias

Los legisladores argumentan mediante carta que la política pone en peligro millones de vidas al agregar nuevas barreras para el acceso a programas críticos

Linda McMahon, secretaria de Educación bajo Trump — La secretaria del Departamento de Educación de EE.UU., Linda McMahon. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP

08 Ago 2025, 08:39 AM EDT

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NUEVA YORK – Trece senadores federales enviaron una carta a funcionarios de la Administración Trump para pedirle que reviertan las guías que buscan quitar la elegibilidad de migrantes a programas y servicios clave en áreas como educación, salud pública y capacitación laboral.

El grupo de legisladores encabezados por los demócratas Alex Padilla y Chuck Schumer, de California y Nueva York, respectivamente; y el independiente de Vermont, Bernie Sanders, se refieren a los cambios de política relacionados con la reinterpretación de la Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad Laboral (PRWORA).

La carta con fecha del 4 de agosto fue dirigida a Lori M. Chavez-DeRemer, secretaria del Departamento del Trabajo; Linda McMahon, secretaria del Departamento de Educación; Pamela J. Bondi, secretaria del Departamento de Justicia; y Robert F. Kennedy, Jr., secretario del Departamento de Salud.

De acuerdo con los senadores, las alteraciones que aplican desde el 10 de julio, no solo impedirán a los inmigrantes acceder a servicios esenciales que han estado vigentes durante años, sino que también amenazan con retrasar o bloquear el acceso de ciudadanos estadounidenses a los programas al crear nuevos obstáculos para su elegibilidad. Otro efecto del trastoque es el desvío de recursos para servicios y atención por parte de grupos comunitarios, agencias y proveedores para cubrir cargas administrativas adicionales.

El comunicado que anuncia el envío de la misiva especifica que, el mes pasado, la Administración Trump revirtió la política federal del 1998 con el fin de restringir la participación de migrantes en programas de asistencia federal, incluyendo los que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

PRWORA o Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales excluye a los inmigrantes que no figuran como “calificados” de recibir beneficios públicos federales. Aunque, a través de la ley de 1996, el Congreso restringió el acceso de esta población a ciertos beneficios, también reconoció excepciones para proteger la vida o la seguridad.

Para los senadores, la acción de la Administración es “cruel” y confunde a los proveedores de servicios como los de salud.

“Estas acciones crueles y selectivas buscan confundir y socavar a los proveedores de atención médica, educación y servicios sociales. Revierten casi tres décadas de precedentes y harán que nuestras comunidades sean menos saludables, menos educadas y menos productivas. Le instamos a que derogue esta guía de inmediato para garantizar la continuidad de los servicios para niños, trabajadores, estudiantes adultos, veteranos, sobrevivientes de violencia doméstica y personas mayores en todo el país”, lee parte de la carta.

Según los suscribientes, bajo la directriz del 10 de julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió un aviso que cambia su interpretación para incluir programas de educación, salud pública y redes de seguridad como Head Start, Centros de Salud Comunitarios y la Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios. “Esta acción perjudicial restringirá el acceso de los inmigrantes a programas vitales de salud y educación crítica”, alertan los legisladores federales.

De igual manera, el Departamento de Educación (ED) emitió un aviso que limita la elegibilidad para la educación profesional y técnica en entornos postsecundarios y para programas de educación para adultos, lo que limitará el acceso a oportunidades educativas y de empleo.

“El Departamento de Trabajo (DOL) también emitió una Carta de Orientación sobre Capacitación y Empleo (TEGL) para cambiar la elegibilidad para los programas de capacitación laboral. Y el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una orden declarando que ya no reconocería ninguna exención a las restricciones, más allá de las explícitamente establecidas en otras partes del estatuto original de PRWORA, para los servicios necesarios para proteger la vida o la seguridad”, especifica la carta.

Los senadores afirman que los cambios contradicen la intención del Congreso y los propósitos declarados de estos programas, que ayudan a proteger la salud y el bienestar de todos los residentes de EE. UU.

“Además, estos cambios significativos se implementaron abruptamente sin una oportunidad previa de consulta pública”, insisten.

Los políticos argumentan en la carta que las “sorpresivas acciones pondrán en peligro millones de vidas estadounidenses al agregar nuevas barreras para que las personas y las familias accedan a programas críticos”.

Añaden: “Trasladarán costos y añadirán cargas administrativas a unos gobiernos estatales y locales que ya se encuentran bajo presión”.

El grupo teme además que los cambios tengan incluso efecto en casos de ciudadanos estadounidenses elegibles.

“Sus acciones tendrán un efecto disuasorio en familias que de otro modo serían elegibles, como aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses elegibles, quienes podrían carecer de la documentación necesaria o verse disuadidos de buscar los servicios disponibles”, plantean por medio del escrito.

De acuerdo con los senadores, quedan varias preguntas sobre la mesa relacionadas con la aplicación de la nueva política como si será necesario que los programas exijan la verificación del estatus migratorio de todas las personas atendidas; si cumplirá o no la Administración con los requisitos legales que exigen que las organizaciones sin fines de lucro no verifiquen la elegibilidad de los inmigrantes o emplearán nuevos tipos de coerción. También hay dudas sobre cómo se compensará a las comunidades por el aumento de la carga sobre las personas, las agencias y la infraestructura afectadas.

En cuanto a programas específicos que serían limitados, la carta enfatiza en los de educación técnica y de carrera (CTE) del Departamento de Educación que se les proveen a los estudiantes de secundaria en función de su estatus migratorio.

En el caso del Departamento del Trabajo, la misiva resalta los autorizados bajo la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA).

Los congresistas señalan que, entre los más de 2.7 millones de personas atendidas por los programas autorizados bajo WIOA, la mayoría se encuentran entre las comunidades más difíciles de alcanzar y atender como beneficiarios de asistencia pública, personas de bajos ingresos, veteranos, personas con discapacidades y las que tienen deficiencias en las habilidades básicas, lo que incluye a inmigrantes que están aprendiendo inglés.

“La Carta de Educación para la Fuerza Laboral (TEGL) del Departamento de Trabajo (DOL) del 10 de julio aumentará los trámites burocráticos para los participantes de la WIOA y las organizaciones locales que los atienden, negará servicios profesionales y de apoyo a inmigrantes que de otro modo habrían sido elegibles y, en última instancia, reducirá la participación en programas de capacitación laboral para todos los participantes. Negar el acceso a programas y servicios laborales a ciertos inmigrantes les impedirá obtener las habilidades y la capacitación que necesitan para vivir una vida independiente y contribuir al crecimiento de la economía estadounidense”, anticipan.