Nueva York y 20 estados demandan a gobierno de Trump por usar inmigración para bloquear fondos
La Administración Trump enfrenta demanda federal por condicionar a los estados los recursos que asigna la Ley de Víctimas de Delitos
ICE enfocará operativos en las ciudades y estados santuario. Crédito: Yuki Iwamura | AP
NUEVA YORK.- Un grupo de 21 estados demandó al gobierno del presidente Donald Trump por condicionar los fondos federales bajo la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés), a la cooperación de las entidades en acciones migratorias contra indocumentados.
“El descarado intento de los acusados de manipular fondos cruciales para las víctimas de delitos con el fin de presionar a los estados para que apoyen las políticas migratorias de la Administración choca frontalmente con dos principios básicos del gobierno estadounidense: la separación de poderes y el federalismo”, acusa la demanda presentada ante la Corte de Distrito de Rhode Island, uno de los estados que lideran el caso.
La demanda ocurre a pocos días de que el Departamento publicara una lista de los estados que considera “jurisdicciones santuario” que protegen a indocumentados y no cooperan con operativos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda incluye a los estados de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y la ciudad de Washington, D.C.
“El gobierno federal está intentando utilizar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de control migratorio”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que priorice su seguridad. No nos dejaremos intimidar para que abandonemos a ninguno de nuestros residentes”.
Los fondos son administrados por el Departamento de Justicia (DOJ), a cargo de la fiscal general Pam Bondi, que debe asignar los recursos a los estados cada año para apoyar a los sobrevivientes de delitos con servicios como atención médica, terapia, alojamiento y compensación por la pérdida de ingresos.
La demanda busca que el tribunal federal “anule estas condiciones ilegales” de las que se acusa a la Administración Trump.
Para este año, indica la demanda, están en juego más de $1,400 millones de dólares y se expone como ejemplo que entre 2021 y 2024, los estados han utilizado tales fondos de VOCA para asistir, en promedio, a más de 8.5 millones de víctimas de delitos al año, además de pagar más de 200,000 reclamaciones al año por las pérdidas sufridas por las víctimas de delitos.
Qué es la VOCA
La VOCA fue promulgada por el Congreso hace más de 40 años para abordar la negligencia que enfrentan las víctimas de delitos en el sistema de justicia penal.
Los fondos ayudan operar programas estatales de compensación y asistencia directa para sobrevivientes, incluyendo servicios de defensa, terapia en crisis, exámenes forenses de agresión sexual, gastos funerarios y de entierro, incluso albergue de emergencia.
“La VOCA ha sido fundamental para mejorar el tratamiento de las víctimas de delitos graves, brindándoles la asistencia, el apoyo y los servicios necesarios para facilitar su recuperación tras el trauma de un acto delictivo y para ayudarles a desenvolverse en el sistema judicial”, indica un reporte de la Fiscalía de Nueva York.
La Administración Trump exige a los estados cooperar en acciones migratorias para la detención de indocumentados, pero leyes estatales impiden a condados, ciudades y a estados a cooperar con ICE para la persecución de inmigrantes sin historial criminal.
Los acuerdos 287(g), que permiten acuerdos entre las policías locales y estatales con ICE, han desatado un pleito político y administrativos, mientras estados como Nueva York señalan que tal cooperación contradice leyes estatales.
“Estos requisitos contradicen directamente las políticas que Nueva York y muchos otros estados han adoptado para garantizar que las víctimas y los testigos puedan denunciar delitos sin temor a la deportación”, se expone.
Solamente para Nueva York están en juego más de $212 millones de dólares de fondos de VOCA.
“Estas subvenciones apoyan a miles de víctimas cada año, cubriendo necesidades urgentes como atención médica y kits de violación, limpieza de la escena del crimen, reubicación para garantizar la seguridad, gastos funerarios y de entierro, transporte a los tribunales y terapia a largo plazo”, se advierte. “Los fondos de VOCA también financian una red estatal de más de 250 programas comunitarios —muchos de ellos, el único proveedor en condados rurales— que ofrecen líneas telefónicas de emergencia, refugios para víctimas de violencia doméstica, defensores para acompañar a las víctimas a los tribunales y servicios especializados para niños, adultos mayores y personas con discapacidad”.
