Granja de Nueva Jersey gana demanda histórica al gobierno, por violar la Constitución y arruinar su negocio

Una granja tradicional de cuatro generaciones ubicada en Nueva Jersey terminó en quiebra y culpó a agentes del Departamento de Trabajo (DOL) de hacer diligencias que violaron la ley de manera sistemática, además de aplicarles más de $500.000 dólares en multas, que finalmente los llevaron al colapso financiero, luego de nueve años de trámites burocráticos que los llevaron a la quiebra.

El negocio, administrado por los hermanos Joe y Russell Marino acusó que se les negó acceso a un tribunal o jurado externo y también aseguran que sufrieron una persecución por parte de diferentes áreas del DOL, desde un proceso interno de inspecciones, sanciones financieras y administrativas que derivaron en un juicio donde les negaron presentar sus argumentos, incluso en una segunda instancia, donde el juez ratificó el fallo en favor del DOL.

Sin embargo, en una decisión histórica, finalmente obtuvieron un fallo favorable por parte del Tribunal del Tercer Circuito que dictaminó por unanimidad que las acciones del Departamento de Trabajo violaban la Constitución.

“Nunca pensé que la honestidad y los hechos no importarían en Estados Unidos, pero eso fue lo que pasó. Nos presumieron culpables desde el principio, y es vergonzoso lo que nos hicieron”, explicó Joe Marino al denunciar el caso al portal agweb.com.

“El público se indignará al descubrir lo que hizo el DOL. No quiero que esto le vuelva a pasar a ningún otro agricultor, pequeño empresario o estadounidense. Es hora de cambiar. Tiene que ser ahora”, agregó el empresario en su testimonio.

Un negocio de cuatro generaciones que el gobierno quebró

La familia Marino se estableció en el país, provenientes de Sicilia, Italia, alrededor de 1900 en una granja ubicada en el condado de Goucester, Nueva Jersey, en las afueras de Swedesboro, en Sun Valley Orchards, para trabajar una explotación agrícola, que lograron ampliar hasta 3,000 acres donde se dedicaron al cultivo de hortalizas, hasta que desapareció por acoso del gobierno.

La granja, denominada, Sun Valley se convirtió en el productor más grande de Nueva Jersey y una de las más grandes de la Costa Este, con el cultivo de espárragos, pepinos, brócoli, repollo, pimientos, berenjenas, maíz dulce, entre otros, dando trabajo a unos 180 trabajadores temporales, quienes con entre 15 y 20 camiones abastecían mercados en el Noreste, Sur, Medio Oeste y Canadá.

A lo largo del tiempo eran supervisados de manera periódica por parte del DOL: examinaban las nóminas, el transporte, las condiciones de vida de los trabajadores y otras categorías, y solían concluir en menos de un día.

En 2015, la granja resintió el efecto de una crisis laboral y recurrieron al Programa Federal de Trabajadores Agrícolas Temporales H-2A, para cubrir sus necesidades de mano de obra con migrantes extranjeros y recibieron una inspección de rutina por parte del DOL. Sin embargo, en esta ocasión llegaron tres inspectores y permanecieron en el lugar aproximadamente cuatro días. “Era como si el Departamento de Trabajo supiera algo que nosotros desconocíamos y ya hubiera tomado una decisión”, recordó Joe.

Los propietarios señalan que normalmente el organismo reportaba sus observaciones casi inmediatamente después de finalizar la excepción. Sin embargo, en esta ocasión no hubo un informe o lista de correcciones. En cambio, en enero de 2016 llegaron directivos del DOL de Washington, D.C., quienes les informaron que tenían una acusación de maltratar a los trabajadores con visa H-2A y les impusieron una multa de $550,000 por salarios atrasados y una infracción de papeleo.

La batalla legal en los tribunales

La acusación afirmaba que Sun Valley despidió a sus trabajadores con visa H-2A sin compensación y les robó el dinero para comida.

La denuncia provino de un grupo de 17 trabajadores mexicanos que fueron contratados de manera temporal para el corte de espárragos, pero solo un día después recibieron renunciar.

“Al parecer, algunas de estas 17 personas ni siquiera habían estado en una granja, y algunas no terminaron el primer día de trabajo. Intentamos razonar con ellos, pero ya no podían más”, señaló.

“¿Qué demonios podíamos hacer? Documentamos todo el asunto con el asesoramiento de nuestro asesor de visas H-2A“, continúa Joe. “Los 17 firmaron diciendo que querían irse a casa y no querían trabajar. Se fueron. Retomamos la situación y seguimos adelante”.

Sin embargo, el DOL determinó que Sun Valley despidió a los 17 trabajadores y por tanto tenían derecho a una indemnización de tres cuartas partes del total de sus contratos, pero nunca mencionaron el tema durante la inspección in situ, según Joe.

“Básicamente, nos acusaron de explotar la comida de nuestros propios trabajadores”, afirmó Joe. La empresa informó al DOL que proporcionaría a los trabajadores un espacio de cocina para que prepararan sus alimentos, pero en realidad brindaban alimentos preparados y esto se convirtió en un error de papeleo por parte de su asesor de visas, pero que nunca fue su intención robar comida a los trabajadores.

Los propietarios señalan que el DOL sabía, desde inspecciones anteriores, que brindaban alimentos a sus trabajadores. Este acuerdo se mantuvo durante años, cumpliendo con un costo aproximado de 80 dólares semanales por trabajador que establece el DOL. “En cambio, el Departamento de Trabajo dijo que engañamos a todos nuestros trabajadores con visa H-2A, unas 96 personas, haciéndoles creer que tendrían cocina al llegar, pero en realidad los obligamos a subir a un avión con comida. ¡Menuda mentira!”.

El DOL exigió un reembolso completo, junto con una multa de $2,400 por persona, para los 96 trabajadores con visa H-2A, sino también para los trabajadores domésticos adicionales. En total, más de $300,000 por marcar la casilla incorrecta.

“Contratamos abogados privados y decidimos luchar, aunque sabíamos que era un tribunal irregular”, añadió Joe.

Un tortuoso proceso legal

Los Marino acusaron que ningún jurado de pares pudo escuchar las pruebas; ningún juez independiente pudo conocer el caso y al final el DOL multó a los hermanos por dos violaciones: ($212,250 en sanciones civiles y $369,703 en salarios atrasados) sin darles oportunidad de mostrar sus argumentos fuera de la agencia, pues de hacerlo, el caso podría desmoronarse.

“El aparato gubernamental no me lo permitió. Intenté con todas mis fuerzas luchar y exponer al Departamento de Trabajo. Envié correos electrónicos a todos los grandes medios de comunicación, políticos y periodistas, pero nadie respondió. No nos tocaron”, indicó Marino.

En un juicio de una semana en julio de 2017, un tribunal del DOL ratificó las sanciones presentando el testimonio de tres de los 17 trabajadores migrantes del problema, quienes “no tuvieron que comparecer en persona, ni siquiera pudimos ver en cámara quién estaba a un lado asesorándolos, y no sabíamos si les habían prometido una indemnización; fue indignante”. Sin embargo, la juez ratificó las sanciones. Los Marinos decidieron apelar y el veredicto fue el mismo.

Esta determinación les permitió acudir a un tribunal externo, pero los granjeros aseguran que para este punto, ya poca gente tiene dinero suficiente para seguir adelante su proceso legal, pues para entonces ya habían pagado $180,000 dólares en abogados y en espera de pagar la multa del DOL.

Entonces los afectados encontraron apoyo en la organización Instituto para la Justicia (IJ), que los apoyo a preparar una demanda contra el DOL en 2021 en el que la Corte Suprema dictaminó “que los ciudadanos tienen derecho a un juicio por jurado cuando se les imponen sanciones civiles impuestas por jueces de derecho administrativo”.

Finalmente, en julio de 2025, un panel del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito falló de manera unánime en favor de los Marino, declarando que las acciones del DOL violaban la Constitución.

El daño ya estaba hecho

Pese a la victoria lega, Joe y Russell Marino perdieron su granja en 2021, en parte por las sanciones del DOL como por las multas y honorarios legales que tuvieron que pagar. Todos sus bienes quedaron bajo el control del gobierno y la familia se quedó con los bolsillos vacíos.

Finalmente, el caso Sun Valley contra el Departamento de Trabajo (DOL) fue una victoria contundente para los derechos constitucionales y la posibilidad de que los ciudadanos comunes sean escuchados en tribunales independientes, pero tuvieron que pagar un alto precio: cerrar su granja.

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