La ciudadanía por nacimiento en el Supremo: coalición de oficiales y exfuncionarios de territorios como Puerto Rico celebran fallo

NUEVA YORK – A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reafirmó este martes la validez de la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, funcionarios electos, exfuncionarios y jueces retirados coincidieron en que el fallo es significativo para los residentes de territorios como Puerto Rico.

En un comunicado conjunto encabezado por la organización “Right to Democracy”, el grupo argumentó que la determinación del máximo foro refleja que el gobierno federal no tiene el poder para negarle ese derecho a los residentes de esas jurisdicciones.

“Aunque la decisión de hoy no aborda directamente el asunto de la ciudadanía por nacimiento en los territorios, la opinión del tribunal establece claramente que toda persona nacida en suelo estadounidense y sujeto a las leyes de EE.UU. tiene un derecho constitucional a la ciudadanía. El tribunal resolvió de manera definitiva que las ramas políticas del gobierno federal no tienen el poder para redefinir la Cláusula de Ciudadanía. Esto es significativo para las personas nacidas en los territorios de los EE. UU., porque el gobierno federal sigue argumentando—contrario al texto y la historia de la Cláusula de Ciudadanía—que puede conceder y quitar la ciudadanía en los territorios”, expuso la organización que aboga por la democracia, la equidad y la libre determinación en los territorios.

Los representantes de la entidad y sus asociados afirmaron que el fallo del Supremo, en una votación 5 a 4, es un reconocimiento de que, salvo limitadas excepciones, el gobierno de EE. UU. tiene que reconocer los derechos fundamentales de ciudadanía a todas las personas nacidas bajo su dominio.

“El lenguaje del tribunal es claro: ni el Presidente ni el Congreso tienen el poder de negar unilateralmente la ciudadanía americana a alguien nacido bajo la soberanía y jurisdicción deEE.UU.”, consideró Adi Martínez-Román, codirectora de Right to Democracy.

“Independientemente de las opiniones de cada cual sobre el estatus político, esta decisión recalca los límites constitucionales importantes que se le imponen al poder federal cuando se trata del derecho fundamental a la ciudadanía. Entender qué derechos básicos se les reconocen a las personas es clave para la conversación sobre la libre determinación”, añadió la abogada.

El Tribunal Supremo rechazó ayer la reinterpretación de Trump de la Cláusula para excluir de ese derecho a los nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o en situación migratoria irregular.

Básicamente, los jueces determinaron que la orden ejecutiva con la que la Administración buscaba limitar ese derecho debe ser anulada por ser incompatible con la Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concluyó que la ciudadanía, al momento en el que se ratificó la Cláusula y en la actualidad, significaba el derecho a tener derechos y a participar libremente en la comunidad política.

“Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en este país. Hoy mantenemos esa promesa”, indicó el magistrado.

En el caso de territorios como Puerto Rico, la ciudadanía por nacimiento se identifica como “estatutaria” (por ley), lo que significa que fue establecida mediante legislación en el Congreso. Lo anterior se traduce en un poder unilateral de esa y otras autoridades federales sobre los asuntos de Puerto Rico. Desde hace más de125 años, la Corte Suprema no ha provisto una respuesta clara sobre este asunto.

Organizaciones como Right to Democracy entienden que el reciente fallo servirá de base para cuando la Corte Suprema decida contestar directamente a la pregunta sobre la ciudadanía por nacimiento en territorios como Puerto Rico.

A principios de este año, Right to Democracy presentó un escrito de amicus curiae en representación de 21 funcionarios electos, exfuncionarios y jueces retirados en los cinco territorios (Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y Samoa Americana).

En el documento, emplazaron al tribunal a no repetir los mismos errores que han cometido en los territorios.

“Las personas nacidas en la mayoría de los territorios son reconocidas por las ramas políticas únicamente como ciudadanos estadounidenses de carácter ‘estatutario’, mientras que aquellas nacidas en Samoa Americana son designadas como nacionales estadounidenses, pero no como ciudadanos. Las consecuencias distan mucho de ser abstractas. Quienes nacen en territorios que gozan de ciudadanía estatutaria viven bajo el espectro amenazante de pronunciamientos por parte del Congreso y del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), en los que se afirma que su ciudadanía puede ser revocada por el Congreso, incluso con carácter retroactivo. Asimismo, los nacionales estadounidenses de la Samoa Americana —calificados como ‘no ciudadanos— que residen en los 50 estados sufren discriminación de manera habitual; algunos, incluso, llegan a enfrentar procesos penales fundamentados en su estatus jurídico”, lee parte del texto.

Stacey Plaskett, congresista de las Islas Vírgenes de los EE. UU., también destacó la importancia de la decisión del Supremo para territorios como el que representa.

“El Presidente y el Congreso tienen poderes amplios. Pero como determinó el Tribunal Supremo hoy, entre esos poderes no está la capacidad de encender o apagar la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento cuando les convenga. Esta es una decisión importante para las Islas Vírgenes, porque el gobierno federal sigue alegando que nuestra ciudadanía es un privilegio legislativo y no un derecho constitucional. Eso no solo es contrario a la Constitución, sino contrario al Tratado de Transferencia de 1917, que expresamente reconoció que las personas de las Islas Vírgenes de EE.UU. serían reconocidos como ciudadanos americanos”, expuso a través del comunicado.

Para Ana Irma Rivera Lassén, exsenadora en Puerto Rico y miembro del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la decisión confirma que las ramas ejecutivas y legislativas no tienen el poder para definir unilateralmente quién es y quién no es ciudadano.

“Del mismo modo que el tribunal ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva en este caso, le corresponde reconocer que la ciudadanía por nacimiento en los territorios no está sujeta al control unilateral del Congreso o del presidente. Lo mismo ocurre con la relación colonial entre Puerto Rico y EE.UU., la cual tiene sus raíces en los mismos prejuicios racistas y coloniales que la Orden Ejecutiva impugnada. Es momento de acabar con el control unilateral del gobierno federal sobre los territorios y dar paso a un proceso de libre determinación y descolonización”, declaró.

Eduardo Bhatia, expresidente del Senado de Puerto Rico, también celebró la reafirmación del Tribunal Supremo de que la ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional que ningún presidente puede eliminar mediante orden ejecutiva.

“El principio amplio del tribunal—que un niño nacido en suelo estadounidense y sujeto a las leyes de EE.UU. es ciudadano— no puede, lógicamente, limitarse a los estados. En mi opinión, ese principio protege igualmente a quienes nacen en los territorios de EE.UU., incluyendo a Puerto Rico”, apuntó el miembro del Partido Popular Democrático (PPD).

Zoe Laboy, exsenadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), afirmó que el Supremo debe reconocer ese derecho a los residentes en los territorios.

“Como puertorriqueños, conocíamos de primera mano lo que estaba en juego cuando el presidente intentó excluir a los hijos de los inmigrantes de las protecciones que ofrece la ciudadanía y el Tribunal ha actuado correctamente al rechazar hoy esa pretensión. Pero el Tribunal no debe detenerse ahí: la ciudadanía por nacimiento también debe reconocerse a las personas nacidas en los territorios de EE. UU., a quienes históricamente se les ha negado el trato igualitario”, señaló.

Mary Camacho Torres, quien sirvió en la legislatura de Guam, expuso que la decisión debe servir como una hoja de ruta para reconocer que las personas nacidas en los territorios de los EE. UU. tienen un derecho constitucional a la ciudadanía que ni el Congreso ni el Presidente pueden quitarles.

“Ningún funcionario electo ni cuerpo legislativo debe tener veto sobre si alguien nacido en Guam o en cualquier otro territorio americano es ciudadano. Cualquiera que sea la decisión del pueblo de Guam sobre nuestro futuro estatus político, mientras estemos bajo la bandera americana debemos tener derecho a la ciudadanía e igualdad de derechos”, adujo.

Andra Samoa, exmiembra del Fono de Samoa Americana, indicó que la Administración fue muy lejos en su intención de limitar ese derecho.

“Los funcionarios federales no pueden simplemente redefinir si alguien tiene derecho a la ciudadanía—ese fue el mensaje claro de la decisión de hoy. Con tantos de nuestros hermanos y hermanas samoanos americanos enfrentando cargos criminales en Alaska porque el gobierno federal les niega el reconocimiento como ciudadanos americanos, este fallo del Tribunal Supremo es importante para nuestra comunidad”, argumentó.

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