Trump obtiene respaldo provisional del Supremo para continuar la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca
Trump reaccionó favorablemente a la decisión durante un acto político celebrado este viernes en Carolina del Sur. El mandatario agradeció al Supremo
La medida permanecerá vigente hasta que el máximo tribunal del país adopte una decisión posterior. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, autorizó este viernes de manera provisional que la administración de Donald Trump continúe con la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto estimado en $400 millones de dólares que enfrenta varias demandas judiciales.
La orden de Roberts, emitida mientras el Tribunal Supremo evalúa una solicitud de emergencia presentada por el gobierno de Trump, permite que las obras sigan adelante por ahora. La decisión llegó pocas horas antes de que las resoluciones de tribunales inferiores obligaran a detener la construcción en superficie, al considerar que el proyecto requería la intervención del Congreso.
La medida permanecerá vigente hasta que el máximo tribunal del país adopte una decisión posterior. El documento firmado por Roberts tiene una sola página y no explica los motivos de su determinación ni establece cuándo el pleno del Supremo resolverá el fondo de la disputa, informó Associated Press.
Roberts intervino en el caso debido a que, como presidente del Tribunal Supremo, supervisa las solicitudes de emergencia relacionadas con las apelaciones provenientes de Washington.
“Eso es algo bueno”
Trump reaccionó favorablemente a la decisión durante un acto político celebrado este viernes en Carolina del Sur. El mandatario agradeció al Supremo y a Roberts por permitir que las obras continúen.
“Cuando dicen ‘procedan’, creo que es algo bueno. Eso es algo bueno”, afirmó Trump.
El litigio ha adquirido una dimensión mayor porque enfrenta la autoridad que Trump reclama para transformar la Casa Blanca con los límites que, según grupos de preservación histórica y tribunales inferiores, impone la intervención del Congreso.
La administración republicana sostiene que el presidente posee amplias facultades para remodelar la Casa Blanca y otros edificios federales. Además, sus abogados han argumentado ante los tribunales que completar el salón de baile es necesario por razones de seguridad nacional.
Cuando Trump presentó sus planes para construir el salón, destacó que la obra sería financiada mediante donaciones privadas, incluidas aportaciones propias.
El National Trust for Historic Preservation, una de las organizaciones que cuestionan el proyecto, sostiene que Trump no puede ordenar unilateralmente una intervención de esta magnitud. Las obras incluyeron la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una decisión que el grupo considera parte de una transformación que debía contar con autorización del Congreso.
Los abogados de la organización acusaron a la administración de intentar adelantarse a los tribunales mediante la aceleración de los trabajos. Un portavoz del grupo dijo este viernes que la orden de Roberts no constituye una decisión definitiva y que la organización permanece a la espera de nuevas actuaciones judiciales.
La controversia podría regresar próximamente ante el pleno del Tribunal Supremo, que deberá determinar si la construcción puede continuar mientras se desarrolla un litigio que podría prolongarse durante meses.
La Casa Blanca acelera las obras
Mientras los tribunales analizan el alcance de la autoridad presidencial, la construcción avanza a un ritmo acelerado.
La administración Trump sostiene que aproximadamente el 65% del proyecto ya está terminado. El salón de baile tendrá unos 8,400 metros cuadrados y ocupará el espacio donde se encontraba el Ala Este antes de su demolición por orden del presidente.
De acuerdo con documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia y citados por AP, los equipos trabajan hasta 20 horas al día, siete días a la semana. Alrededor de $200 millones de dólares en donaciones privadas ya han sido gastados o comprometidos para la obra.
El avance de la construcción se ha producido simultáneamente con el proceso judicial. En abril, un juez federal ordenó detener las obras en superficie del futuro salón de baile. Aunque esa decisión fue suspendida temporalmente, posteriormente fue ratificada por un tribunal de apelaciones.
El juez de distrito estadounidense Richard Leon, con sede en Washington, permitió únicamente que continuaran determinados trabajos relacionados con búnkeres e instalaciones militares subterráneas.
Posteriormente, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas consideraron que el proyecto correspondía al ámbito de competencia del Congreso y no podía ser tratado como una cuestión que dependiera exclusivamente de la autoridad ejecutiva.
Un tercer juez, designado por Trump, sostuvo que el grupo conservacionista que impugnó el proyecto no tenía legitimación para presentar la demanda. El procurador general D. John Sauer llevó ese argumento ante el Tribunal Supremo y calificó de “extraordinaria e ilegal” la decisión que ordenó frenar las obras.
La orden de Roberts no resuelve definitivamente la disputa. Su efecto inmediato es permitir que las obras continúen mientras los magistrados estudian la petición de emergencia presentada por la administración.
Trump celebró la decisión y afirmó posteriormente, en una publicación en redes sociales, que el proyecto se encuentra “por debajo del presupuesto y adelantado al cronograma”.
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