Latina aboga por mejorar sistema judicial de Texas

AUSTIN, Texas.- La mexicana Ana Yáñez Correa, quien llegó a Estados Unidos a los doce años, se ha convertido en la última década en una de las activistas latinas con mayor empuje por exigir mejoras en el laberíntico sistema judicial de Texas.

Yáñez Correa es desde 2005 directora ejecutiva de la Coalición de Justicia Criminal de Texas (TCJC), una organización sin fines de lucro que presiona a nivel estatal para aprobar cambios legislativos relacionados con el sistema penal.

“Existen muchas injusticias en el sistema actual que impactan negativamente en la comunidad, específicamente a las minorías afroamericana e hispana. Nuestra meta es siempre disminuir el número de personas que son sentenciadas y llevadas a prisión casi siempre por delitos menores”, señaló Yáñez Correa en una entrevista con Efe.

Según explicó, “nuestra misión tiene que ver también con las oportunidades que dejan de percibir las personas que salen de las prisiones que no pueden reintegrase a la sociedad de una manera directa porque existen trabas burocráticas que se lo impiden”.

Uno de los estudios hechos por la TCJC revela que el 50 por ciento de la población penal en Texas fue acusada de delitos no violentos que no amenazan a la seguridad pública.

“La mayoría está allí (en las cárceles) porque ha sufrido abusos de diferentes tipos en ciertas etapas de su vida, ha tenido problemas de drogadicción y su nivel educativo es muy bajo, por eso creemos que las circunstancias los han puesto en una situación en donde toman decisiones que los llevan a la cárcel”, subrayó.

Su tesón por tratar de solucionar los problemas que enfrenta el estado le ha valido una infinidad de reconocimientos, entre ellos varios galardones entregados por la Cámara de Representantes de Texas por su valiosa entrega a la causa por enmendar las contrariedades del sistema penal.

Actualmente, Yáñez Correa defiende en la Legislatura estatal varios proyectos de ley que se discuten en los comités legislativos correspondientes antes de su discusión y aprobación en el pleno.

Antes de ser nombrada directora ejecutiva de la TCJC, Yáñez Correa fue directora jurídica para la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), donde estuvo encargada por varios años de la plataforma política.

Su testimonio y sus intervenciones en los paneles legislativos y jurídicos en todo el estado han sido clave para que más de 90 propuestas legislativas sean hoy leyes que ayudan al sistema penal del estado.

Según ella, otros de los problemas que afectan a las arcas del estado es la reincidencia de exconvictos que caen nuevamente presos porque el sistema está en su contra, en lugar de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.

“Es como si se tratara de un efecto ‘boomerang’. Las comunidades minoritarias no han podido utilizar las leyes existentes para sacarle provecho, todo lo contrario”, dijo.

“Las personas que tienen problemas de salud mental o que mantienen una férrea adicción a las drogas no son considerados enfermos por el estado sino más bien delincuentes. A los hombres y mujeres que se les castiga por prostitución no se les analiza para saber si han sido víctimas de abuso sexual en su niñez o juventud”, reclamó Yáñez Correa.

De acuerdo a la TCJC, Texas invierte cuatro millones de dólares diarios en gastos relacionados a delitos considerados no violentos.

“Y eso sin contar con el gasto exorbitante del sistema correccional que paradójicamente no corrige porque no implementa estrategias para resolver el problema”, añadió.

Insistió en que los exconvictos tienen pocas probabilidades de sobrevivir en la sociedad, porque existe un sinnúmero de prohibiciones que les impide buscar trabajos en más de 160 oficios, como por ejemplo peluquero o manicurista.

Para ella, el sistema penal actual obliga a los que salen de la cárcel a regresar a la mala vida para poder sobrevivir.

“Nosotros (TCJC) queremos disminuir esos obstáculos para que la gente pueda vivir de forma más responsable y ser productivos a sociedad para mantener a su familia”, apuntó.