Entra en vigencia plan para desnacionalizados en RD
Los extranjeros que radican en República Dominicana sin permiso migratorio tienen un plazo de 18 meses para resolver su situación migratoria
Un grupo de haitianos espera retornar a su país tras la medida impuesta. Crédito: AP
SANTO DOMINGO — El gobierno dominicano puso en vigencia ayer, a pesar de los reclamos de diversos grupos de derechos humanos, un plan para regularizar a las miles de personas que perderán la nacionalidad debido a un fallo del tribunal constitucional.
El proyecto “tiene una importancia fundamental”, ya que permitirá determinar “el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas” de los extranjeros, detalló la presidencia en el comunicado en el que informó que el presidente Danilo Medina firmó en la noche del viernes, el decreto para oficializar el plan.
El decreto establece un plazo de 18 meses para que los extranjeros que radican en República Dominicana sin permiso migratorio, incluidos los descendientes de inmigrantes a quienes les será anulada la nacionalidad, se regularicen.
Durante los primeros meses, el gobierno creará la infraestructura para comenzar a recibir las solicitudes y procesarlas a partir de junio próximo.
Miles de personas perderán la nacionalidad dominicana luego de que el Tribunal Constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de una mujer de ascendencia haitiana, que desde 1929 la constitución vigente en ese momento establecía que los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia son “extranjeros en tránsito” y sus hijos nacidos en el país no son dominicanos.
El Tribunal ordenó en su sentencia inapelable que el registro civil realice en un plazo máximo de dos años un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anule mediante procesos judiciales la nacionalidad a aquellos cuyos padres carecían de residencia legal, como los miles de haitianos que durante el siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde se establecieron por el resto de sus vidas.
Diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, estiman con base en una reciente encuesta auspiciada por Naciones Unidas que la medida afectará a unas 250,000 personas, en su mayoría descendientes de inmigrantes del vecino Haití.
La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró la semana anterior que según un muestreo de 1966 a la fecha, en ese periodo sólo unas 13,000 personas serán afectadas.
