La constitución de un partido

Las numerosas reformas a la Constitución Política de Nicaragua propuestas por el partido oficial, serán aprobadas sin duda de manera abrumadora, porque abrumadora es su mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando todo se paraliza bajo el peso de una voluntad única, las discusiones se vuelven gratuitas.

La parte declarativa, donde se define la filosofía del estado, será una extraña mescolanza de principios jurídicos tradicionales y de inserciones curiosas. Allí estarán, elevados a rango supremo, los eslóganes oficiales que vemos desplegados constantemente en vallas gigantescas, en las pantallas de televisión, y aún en los membretes de los documentos burocráticos: la plenitud de los ideales socialistas y de los valores cristianos, el amor al prójimo y la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, ahora integrada en la red benefactora de los Consejos de Familia que pasan a ser constitucionales.

Pero hay, además, otras novedades: se establece que “El bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la misma Tierra, que es nuestra Gran Madre; ésta debe ser amada, cuidada, regenerada y venerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta de dignidad”. Dejemos de un lado la prosa. Entendamos nada más que viviremos en una sociedad donde el cristianismo se mezcla con el panteísmo.

Un régimen que además de panteísta será corporativo, pues se establece la participación protagónica de las cámaras, federaciones y confederaciones de empresarios, “como parte de los mecanismos de democracia directa”, “bajo el principio de responsabilidad compartida”; todo lo cual desemboca en el funcionamiento de consejos corporativos regionales y municipales, donde los representantes de empresarios y sindicatos se sentarán con los del Poder Ciudadano, otra entidad que pasa a ser constitucional, hasta llegar a los Consejos Nacionales, para la “búsqueda del bien común”.

Si antes la Constitución prohibía que los miembros del ejército y la policía ejercieran cargos públicos, ahora lo permitirá, con lo que el nuevo estado viene a asentarse en una alianza del partido oficial, las cámaras empresariales, el ejército y la policía, evidencia de que los llamados partidos históricos, liberal y conservador, son dados por enterrados y no se les necesita ya como parte del nuevo consenso corporativo.

No será un avance, pero es una novedad. La familia Somoza, del partido liberal, gobernó al país manteniendo en la oposición al partido conservador mediante pactos políticos, para aparentar un sistema bipartidista; y en tiempos de consolidación de su poder, a finales del siglo anterior, Ortega se valió de un pacto con el jefe liberal Arnoldo Alemán para reformar la Constitución y rebajar el porcentaje de votos necesarios para ser electo presidente. Hoy eso ha pasado a la historia.

El sistema de pluralismo político subsiste en la letra de la Constitución, pero nada más en la letra, mientras le llega el turno de desaparecer.

Y dado que estamos ya de frente a la realidad de un partido único, que se entiende a mejor conveniencia con las corporaciones y no con otros partidos, no es sorprendente que se suprima la disposición constitucional mediante la cual los partidos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático, pierden su legitimidad. La preeminencia de la defensa de la democracia, como asunto de principios, pasa a ser obsoleta.

Y como la democracia viene a volverse prescindible, es que esta Constitución, cortada tan a la medida, se muestra muy previsora de anular los espacios de libertad en las comunicaciones electrónicas, al disponer que las redes de Internet, y la emisión y transmisión de datos, quedan bajo el control del estado, al igual que las emisiones de radio y televisión; que el almacenamiento de datos de las redes digitales sólo puede hacerse en territorio nacional; y también, que “el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses deberá ser controlado por el Estado”. Nadie podrá instalar su propio canal virtual desde su computadora, o hacer emisiones de voz, sin previo permiso.

En tiempos de globalización de las comunicaciones, se manda imponer el aislamiento del país, que queda reducido a la condición de un pequeño estado medioeval, y para controlar y someter las emisiones de Internet, lo que se emite en las redes sociales, lo que se escribe en los blogs, deberá organizarse necesariamente algo así como una ciberpolicía, que perseguirá aún a quienes, huyendo del ojo del Gran Hermano, se refugien en las nubes virtuales, que quedan igualmente prohibidas.

Sin embargo, toda esta felicidad cristiana, panteísta y corporativa que se nos promete, no se conseguirá sin una mano benefactora y perpetua, la de un supremo guía que podrá ser reelecto las veces que se presente a elecciones, pues la Constitución suprime esa estorbosa prohibición; y se elimina la molesta segunda vuelta electoral, de modo que el presidente podrá ser electo con una mayoría relativa de votos, algo más que sobrancero, pues quienes cuentan los votos en el Consejo Supremo Electoral siguen siendo, y seguirán siendo, los mismos paniaguados de siempre.

Además, las reformas conceden al presidente el poder de emitir decretos administrativos con fuerza de ley, con lo que la Asamblea Nacional, que hasta ahora ha funcionado como una dócil maquinaria para hacer cumplir la voluntad suprema, podrá pasar a tener largos meses de vacaciones, hasta que llegue la hora de su disolución.

Si se me pidiera elegir un término para definir este escenario, sería el de indefensión. En las sociedades democráticas los cambios constitucionales son siempre el resultado de grandes consensos, y esta mezcolanza inconsulta viene a ser impuesta desde arriba por una voluntad omnímoda. Tampoco las instituciones pueden detener la mano que las impone, porque no funcionan sino como brazos del poder único.

El autoritarismo, con cartas marcadas, sienta a jugar a la democracia una partida amañada, y por supuesto se la gana.Nicaragua será regida por la constitución de un partido, no de un país.