Buscan anular controvertida ley SB1070 alegando racismo

El contenido de los correos electrónicos y otras comunicaciones intercambiadas entre legisladores de Arizona y activistas anti inmigrantes durante los meses que precedieron a la aprobación de la ley SB1070 en Abril de 2010, podrían ser la clave para fulminar la controvertida ley, que en su momento fue la más severa aprobada por un estado del país contra los inmigrantes.

“Siempre argumentamos que esta ley fue motivada por sentimientos racistas y discriminatorios”, dijo Victor Viramontes, abogado principal de litigios nacionales de MALDEF. “Ahora queremos ver lo que los legisladores que la aprobaron estaban diciendo en esos momentos y si en sus comunicaciones se expresaron discriminatoriamente contra los latinos”.

Basándose en precedentes legales de un caso de 1977, los grupos que pretenden anular por completo la ley SB 1070, de la cual subsisten tres cláusulas y sólo una está en vigor (la llamada “muéstreme los papeles”), buscarán dar el golpe mortal a la medida demostrando que la misma fue motivada por sentimientos de discriminación contra la comunidad latina.

Susan Bolton, la juez federal de Phoenix que maneja el caso, falló a favor de los demandantes a mediados de diciembre y ahora está reconsiderando el fallo a petición de los grupos anti inmigrantes involucrados: FAIR, la Federación por la Reforma Migratoria Justa y IRLI, el Instituto Legal para la Reforma Migratoria. Si estos pierden, señala Viramontes, tendrán que entregar todas las comunicaciones entre ellos y legisladores como Russell Pearce y otros que impulsaron la ley en la legislatura de Arizona.

“Si logramos esa documentación pediremos una anulación total de la ley”, dijo Viramontes. En los documentos legales presentados en corte se incluyen varios ejemplos ya en manos de los abogados demandantes en los que Pearce, autor de la ley, y otros legisladores “realizaron comentarios racialmente ofensivos hacia los latinos”.

Si esto se logra, lo que queda en pie de la Ley de Arizona, en particular la cláusula que ahora se está aplicando en este estado y que permite a la policía pedir papeles cuando se sospecha que un posible detenido ha cometido un delito, podrían quedar finalmente anuladas sin necesidad de demostrar que el efecto fue discriminatorio. Si no, el caso iría a juicio este año.

El precedente legal indica que si la mera intención al aprobar la ley fue discriminatoria, esta quedaría anulada.

Para un repaso de la trayectoria de la ley SB1070, puede ver aqui un especial multimedia.