Trabajadores agrícolas ilusionados con el plan

HOMESTEAD, Florida — Marta Gómez lleva más de dos décadas viviendo en las sombras, con un temor constante de que la policía la detenga por manejar sin licencia de conducir o por cultivar plantas y vegetales sin los permisos correspondientes. Pasa seis días a la semana trabajando de sol a sol en un enorme terreno alquilado donde ella sola siembra, poda y cuida hierbas alimenticias, palmeras, bromelias y orquídeas.

Sin cartel al frente y con una puerta de metal semicerrada, el improvisado vivero casi no se ve desde la calle y muy poca gente se acerca a comprar. Por temor a ser detectada y deportada, ni siquiera se atreve a poner un cartel de aviso de venta de plantas y con frecuencia debe salir a levantar vegetales en otros campos para poder cubrir la renta del terreno.

Gómez, una mujer pequeña y de piel curtida por el sol, sueña con legalizar su estatus migratorio para poder conseguir una licencia de vendedora agrícola que le permita duplicar sus ingresos, desplazarse libremente sin tener que esconderse de las autoridades y viajar a su México natal a visitar a sus tres hijos, que dejó en Guanajuato cuando tenían 11, 10 y ocho años y a los que no ve desde hace 13 años.

Al igual que cientos de miles de trabajadores agrícolas que viven en Estados Unidos sin papeles, Gómez está ilusionada con que el Congreso apruebe este año una reforma integral a las leyes de inmigración que le permita regularizar su situación. Teme, sin embargo, que los requisitos para poder acogerse a los beneficios de la ley sean tan exigentes que se conviertan en obstáculos para su sueño.

Mientras el Senado debate un proyecto de ley de reforma, en los campesinos reina una pesada incertidumbre, que combina la felicidad de ver más cerca su legalización migratoria y la preocupación de no poder beneficiarse con la normativa.

La reforma “es lo que estamos esperando para demostrarle al país que podemos hacer más. Desde que llegué sueño con esto. Soñar no cuesta. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde”, expresó Gómez, de 47 años, en una reciente entrevista en el terreno de casi una hectárea que renta con la ayuda de un amigo estadounidense que se ofreció como garante de los $300 que debe pagar al mes.

Pero también “me preocupa que le pidan tantos requisitos a la gente, las multas altísimas. (El dinero) no alcanza para eso. Es imposible porque el trabajo no está para eso”, dijo la mujer, que llegó en 1992 y hace un par de años sufrió una lesión en la cintura que la obligó a dejar de recoger tomates y pepinos en los campos, labor que realizó por más de ocho años. Antes había laborado en casas de familias y restaurantes.

El presidente Barack Obama ha instado al Congreso a aprobar una reforma integral antes que los legisladores comiencen sus vacaciones de agosto, y en un proyecto de ley que prepararon ocho senadores, los trabajadores agrícolas tienen un trato diferencial que les permitiría conseguir sus papeles antes que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes que se cree se encuentran en el país de manera ilegal.

La aprobación de la reforma, sin embargo, no está garantizada, pues los demócratas, sus principales impulsores, tienen mayoría en el Senado pero no en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, bando en el que hay bastante resistencia a la iniciativa.

De acuerdo con fuentes sindicales, entre 800,000 y un millón de trabajadores agrícolas sin papeles podrían beneficiarse con una reforma.

Cerca del 60% de los casi dos millones de trabajadores del campo no tiene autorización para residir en el país, según estadísticas de la Unión de Campesinos, la mayor coalición de jornaleros agrícolas de Estados Unidos (UFW).

Los agricultores aseguran que necesitan una manera más fácil para contratar mano de obra de manera legal, y los defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que los jornaleros agrícolas pueden ser sujetos de explotación y necesitan una mejor protección, y una manera de alcanzar la residencia permanente.

El proyecto del Senado, que fue negociado y avalado tanto por patrones como por los trabajadores agrícolas, considera dos alternativas para corregir la situación.

En primer lugar, los campesinos que viven en el país sin autorización y que han trabajado en el sector agrícola durante al menos dos años, podrían acceder a una nueva visa, o “tarjeta azul”, que les concedería un estatus legal y una opción más rápida para llegar a la residencia permanente en cinco años, en comparación con los 10 años que se les ofrece a otras personas que están ilegalmente en el país y que no son trabajadores del sector agrícola.

De ser aprobada sin cambios, la legislación crearía asimismo un nuevo programa de visas W que reemplazaría al actual programa de visas H-2A, que permite a los trabajadores agrícolas extranjeros estar en el país durante 10 meses cada vez que vienen y que, de acuerdo con los dueños de las fincas, es un trámite muy complejo.

Con la visa W, los trabajadores agrícolas visitantes podrían laborar por tres años, cambiar de un trabajo agrícola a otro agrícola y solicitar la residencia permanente al cabo de 10 años, algo que no pueden hacer actualmente, de acuerdo con información suministrada por el sindicato.

La Unión de Campesinos apoya la iniciativa, tras más de cuatro meses de haberla negociado junto a los granjeros y varios senadores.

“Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de la industria agrícola y estamos complacidos al ver que los legisladores y los empleadores que participaron en las negociaciones (del proyecto de ley del Senado) reconocieron las contribuciones de estos hombres y mujeres que cosechan las frutas y verduras que alimentan a nuestro país”, manifestó María Machuca, la directora de comunicaciones de la Unión, en un mensaje de correo electrónico en el que respondió un cuestionario de más de 10 preguntas.

El principal objetivo del gremio es obtener un programa que permita a los trabajadores sin papeles conseguir un estatus migratorio que los habilite para trabajar legalmente y reunirse con sus familias, y el proyecto “ayudará a conseguir esto”, aseguró la portavoz.

“Conseguimos cosas muy buenas para los (trabajadores) que están aquí, y proteger las condiciones de trabajo para los campesinos que vengan de otros países”, indicó la portavoz y citó como ejemplo de esos logros la garantía de los empleadores de que habrá incrementos salariales anuales y de que no serán reducidos los salarios, a pesar de que era lo que buscaban los patrones.

Los jornaleros a menudo cobran por la cantidad de frutas o vegetales que recogen, pero tienen garantizado al menos el salario mínimo.

Existen granjas, además, que acuden a programas federales de trabajadores invitados para conseguir jornaleros extranjeros, pese a quejas de que el proceso es complicado y caro. Los agricultores que participan en estos programas generalmente deben pagar salarios más altos, y proveer vivienda y transporte hacia y desde el país.

Entre los requisitos para que los campesinos que están sin papeles en el país puedan acogerse a los beneficios de la normativa, el proyecto de ley del Senado menciona que deben haber trabajado en el sector agrícola por al menos dos años, haber pagado sus impuestos, no haber sido procesados por ningún delito grave y pagar una multa de $400 (para el resto de los inmigrantes sin papeles la multa es de $500).