Reprochan a Gloria Molina apoyo a programa 287g
Varios activistas mostraron su rechazo por la colaboración entre ICE y el Departamento del Sheriff
Protestaron la renovación del programa 287g. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinión
Activistas reprocharon a la supervisora Gloria Molina el aparente apoyo que dará a un programa de colaboración entre el Departamento del Sheriff y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tenía programado votar este martes si renueva o no el programa 287g -el cual tiene función de mandar información de cualquier fichado por el Sheriff a servicios de inmigración- pero se pospuso para el 7 de octubre.
Antes de que empezara la sesión de los supervisores, integrantes de la coalición “ICE out of LA” se reunieron en privado con Molina para tratar de obtener su apoyo, pero salieron molestos de su oficina.
“Nos dijo que votaría a favor a menos que le mostráramos pruebas de que este programa está provocando deportaciones en Los Ángeles… ¿Qué otras pruebas quiere? Hay muchos casos, ahí están los datos oficiales… Fue un insulto por la forma como nos habló”, dijo Jonathan Pérez, uno de los activistas que estuvo en la reunión.
Desde el año 2006 el condado ha participado en el programa federal 287g. De ser renovada esa colaboración, los alguaciles continuarían desempeñando funciones de inmigración al menos hasta el 30 de junio de 2016.
Datos oficiales indican que más de la mitad de las deportaciones en Los Ángeles han sido personas que no contaban con antecedentes criminales y que fueron detectadas gracias a la colaboración de ICE y Sheriff.
La Opinión intentó contactar a la supervisora Molina, pero sus colaboradores indicaron que sería hasta la próxima semana cuando se hagan comentarios al respecto.
Betty Jaspeado consideró grosera la forma en que les respondió la funcionaria. “Me sentí insultada, me hizo enojar, parece que quiere que hagamos su trabajo, ella debería saber lo que está pasando con las deportaciones”, mencionó al salir de la reunión.
Para Antonio Bernabé, representante de CHIRLA, la supervisora Molina evidenció que no tiene idea de lo que está sucediendo en la comunidad con las deportaciones ni de lo que significa proteger a las familias.