Moody’s: Corrupción pone en riesgo calificación de México, atrasa las reformas

Los altos índices de corrupción y la lenta implementación de las principales reformas promovidas y aprobadas por la administración de Enrique Peña Nieto, la Energética y de Telecomunicaciones, podrían derivar en una baja en la calificación actual de México emitida por Moody’s, alertó Mauro Leos, analista soberano de la calificadora internacional.
Para la calificadora, la situación actual del país es prometedora y sigue registrando altos niveles de confianza. Su calificación es de A-3, una de las mejores de la región, solo Chile está por arriba y Perú comparte la misma calificación que México, lo que refleja grados de inversión sólida y riesgos moderados. La perspectiva, otro índice evaluado, fue calificada como estable.
Sin embargo, todo este escenario se planteó bajo la premisa de que a partir de este año se comenzarán a materializar la serie de acciones que pondrán en marcha las reformas Energética y de Telecomunicaciones, consideradas las más importantes por las implicaciones económicas que guardan. En caso de que en los siguientes años esto no suceda, y dados los índices de corrupción en instituciones federales y estatales, habría un replanteamiento de la calificación.
“Si eso no se logran traducir (las reformas), comenzaríamos a cuestionar la calificación de A-3 que actualmente tiene México, ya que en nuestra evaluación se consideraron los niveles de credibilidad del país […] si no hay compromisos palpables se revisarán las calificaciones y la perspectiva”, dijo Mauro Leos.
Esta calificación evalúa los riesgos de crédito de valores emitidos por el gobierno, así como su capacidad para cumplir con sus obligaciones económicas; son uno de los factores que las empresas toman en cuenta antes de decidir si invertirán en un país o no.
El Observatorio Económico “México ¿cómo vamos?” publicó un estudio en el que se señala que la corrupción le cuesta al país 341 mil millones de pesos al año, el equivalente al 15 por ciento de la inversión pública de 2014.
Los esfuerzos de México para combatir la corrupción han sido fallidos. Desde 2004 las inversiones y el gasto destinado a combatir estas prácticas ha aumentado cada año. Pero las tasas de impunidad siguen siendo inadmisibles: sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados; de 1998 a 2012, se recibieron 444 denuncias por corrupción en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuales sólo 7 fueron consignadas, esto de acuerdo con el estudio “México: anatomía de la Corrupción”.
Transparencia Mexicana ubicó a México en el lugar 103 de una lista de 175 países en el Índice de la Percepción de la Corrupción de 2014. Incluso, en la región de América Latina, México se encuentra hasta 82 lugares abajo de sus principales socios, Chile y Brasil.

En cuanto a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa la última posición dentro de un total de 34 miembros.
La OCDE calificó el paquete de reformas como el más ambicioso y extenso de cualquier país del mundo, y su implementación podría traducirse en crecimiento de hasta del 2 por ciento anual. Sin embargo, Leos expuso que México podrá aspirar a un crecimiento económico de 2.5 para 2015 y de  3.5 para 2016.
En países con mayores índices de corrupción, los niveles de inversión disminuyen hasta 5 por ciento, al igual que la pérdida en las ventas anuales de las empresas, señala un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
De 2008 a 2014, México ha bajado 31 lugares a nivel mundial en el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

EMPRESARIOS ALARMADOS
El 83% de los empresarios en México sienten amenazados sus negocios por sobornos, corrupción e impunidad, planteó otra encuesta realizada por la firma PwC.
El estudio del CIDE señala que 44% de las empresas ha reconocido haber pagado un soborno, las razones: necesidad, agilizar trámites y participación en licitaciones.
Esta situación se ha hecho evidente en el proceso de campaña, en el que el sector empresarial, en conjunto con organizaciones sociales y académicas, participaron con iniciativas en las que el combate a la corrupción era el tema central, principalmente la que se ha realizado a costa del dinero público y que involucra conflicto de interés entre políticos, funcionarios y dueños de grandes consorcios.