Una mancha para Quisqueya
Desafortunadamente, el gobierno nunca tuvo la intención de dar a estos residentes una oportunidad justa para permanecerse en el país
La decisión de esta semana por el gobierno dominicano para comenzar la deportación de la gran cantidad de residentes nacidos en el extranjero es una mancha a la nación y un insulto a los derechos civiles por todas partes.
Como un dominicano-americano he visto el desarrollo de estos eventos con ira y tristeza creciente– la tristeza que tantas personas de ascendencia haitiana se ven obligados a un estado de crisis totalmente evitable; la ira con el gobierno de la República Dominicana que está creando esta crisis deliberadamente e innecesariamente.
Estos residentes de la República Dominicana son nuestros vecinos. Muchos nacieron en la República Dominicana; otros vinieron aquí como refugiados escapando la violencia o desastres naturales; y aún otros vinieron aquí para trabajos básicos y peligrosos que muchos dominicanos no están dispuestos hacer. Sin embargo, la Corte Suprema Dominicana erróneamente dejó cientos de miles de personas desnacionalizados, despojándolos de su ciudadanía, y ahorra el gobierno los están deportando injustamente porque no pudieron producir documentos, que nunca se hicieron disponible para ellos en el primer lugar.
Desafortunadamente, el gobierno nunca tuvo la intención de dar a estos residentes una oportunidad justa para permanecerse en el país. De las 500,000 personas que enfrentan la deportación, solamente 250.000 han podido solicitar la residencia permanente. De éstos, sólo 10,000 tenían ” documentación suficiente “, y sólo 300 actualmente recibieron su residencia permanente. Cuando menos del 0,1% de los residentes elegibles pueden recibir la residencia permanente, es evidente que la póliza del gobierno ha fracasado.
Este fracaso se muestra el juego político de un gobierno que quiere todos los beneficios de ser parte de la comunidad internacional, sin cumplir con los estándares de derechos civiles requeridas de las naciones modernas. Sin embargo, nuestra historia, y la violencia causada a las personas de ascendencia haitiana exige que reconozcamos la necesidad de proteger a los derechos civiles de estos residentes.
Le exijo al gobierno de la República Dominicana que suspenda estas deportaciones, y en lugar, pausen, tomen el tiempo necesario para desarrollar una póliza más razonable y eficaz, y que trabajen de manera constructiva para solucionar el problema de la inmigración y darle a los residentes nacidos en el extranjero el camino a la residencia permanente y la ciudadanía que se merecen.
