Madre migrante pelea durante ocho años la custodia de su hija

MÉXICO – En algún momento, Doranelly Rocha, una emigrante guerrerense de 27 años, dejó de sentir dolor durante la golpiza que le propinaba el marido, Misael López. No midió la gravedad de la tunda hasta el día siguiente que miró su cuerpo: ni un solo pedazo de piel estaba libre de “moretones” y todo ¡por una discusión que, de todos modos, ella estaba dispuesta a seguir!

“Nunca, nunca voy a dejar de pelar por mi hija”, advirtió al esposo poco después de que éste amenazara con matarla y tirarla en un canal cercano a su casa en Atascadero, California.

Era 2013 y ya habían pasado cinco años desde que emigró del poblado de Vallecito, Guerrero, a Estados Unidos y dejó a la niña recién nacida a cargo de sus cuñadas con la promesa de que sólo sería por dos años “mientras se establecían” pero el tiempo pasaba y cada vez que Doranelly tocaba el tema de mandar a traer a la bebé, Misael montaba en cólera.

Aquella mañana de 2013, con los hematomas aún punzando, Doranelly salió a la calle, pidió el teléfono a su vecina y llamó a la policía. Diez minutos después los agentes le tomaban fotos; ocho horas más tarde, el marido estaba preso y un año adelante ella logró el divorcio y con una visa tipo U (por ser víctima de violencia doméstica) que le permitiría viajar a México a pelear por su hija Nayeli López.

Inició una demanda legal en México para pelear la custodia a las hermanas de su ex marido, Aida y Lorena López, en el Juzgado segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito de Azueta, en el popular balneario de Zihuatanejo, Guerrero.

El juicio arrancó con una carta poder que ella otorgó a través del consulado al Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), una organización civil binacional, para que  la representara legalmente.

Doranelly no pudo volar hasta que obtuvo un permiso humanitario de Advance Parole con todo el riesgo que conlleva, o sea, que un agente migratorio de Estados la rechace a su regreso.  Aterrizó en su tierra el pasado ocho de enero y sólo tiene hasta el siete de abril (tres meses) para recuperar a su hija con la contra un Estado de derecho disfuncional donde la impunidad alcanza al 98%.

“Tenemos sospechas de que el juez Bartolo Currichi Meza está dilatando el proceso para que la madre tenga que regresarse a Estados Unidos sin la hija”, advierte en entrevista telefónica Eduardo Sosa, abogado de Imumi.

De entrada, hace días que Currichi debió definir un régimen de visitas provisional y no lo ha hecho. “Esto motiva un juicio de amparo porque se violan las garantías de Doranelly para ver a la menor y el derecho superior del niño a los que México se ha comprometido con la firma de tratados internacionales”.

Entre los artilugios legales de las hermanas López –agrega Sosa- se encuentra además un cambio de abogado: así ganan 20 días de detención del proceso en medio de un periodo vacacional que se aproxima, además de que mantienen a la niña oculta: ni la madre ni nadie sabe donde está.

Este diario intentó hablar con la familia paterna, pero nadie responde al número de contacto registrado por los demandantes. Tampoco fue posible encontrar al juez Curichi aunque en el juzgado se dejaron varios recados.

“Estoy desesperada”, confiesa Doranelly en entrevista telefónica con este diario desde Zihuatanejo.

Los días pasan y ella no avanza mucho en su objetivo. En los dos meses de su estancia en México sólo ha podido ver a la niña dos veces y siempre custodiada por las tías que no las dejaron solas ni un solo momento.

“Cada vez que Nayeli hablaba volteaba a verlas como buscando su aprobación y mi instinto de madre me hace ver que ella está triste, que sabe poco de mi, que nunca le han hablado de su madre ni de sus hermanos”, recuerda Doranelly.

Doranelly tuvo dos hijos más con el padre de Nayeli: Judith, de seis años y Javier, de cuatro, que ya nacieron en Estados Unidos y a quienes trajo a México para cuidarlos mientras pelea por la otra: “Su papá se desentendió: ya nunca los visita ni les llama por teléfono: es un problema”.

Por ello la joven madre hoy sólo piensa día y noche en darle una “oportunidad” a su hija para que crezca en un país lejos de la Costa Grande de Guerrero, donde el crimen organizado hace de las suyas con reclutamientos forzados, muertes violentas, desplazamientos, masacres y desapariciones.

“Me la quiero llevar, es mi hija, merecemos una segunda oportunidad”.

UN DRAMA BINACIONAL

De acuerdo con estadísticas de los consulados de México en Estados Unidos en promedio cada año se presentan alrededor de 2,500 casos de menores cuyos padres pelean la custodia, pero se calcula que la cifra podría ser mucho mayor como advierte Gretchen Kuhner, directora de la organización Imumi.

“Estos pleitos se llevan en el derecho familiar y muchos de éstos no se conocen para ponerlos en las estadísticas oficiales de los consulados”, comenta.

“El problema de la custodia entre familias migrantes es que están entre dos países, con dos normatividades y en medio la cultura del machismo donde muchas veces el hombre cree que si no está con él con quien mejor puede estar es con la abuela paterna o su familia y eso complica todo”.