Trump quiere deportar a México hasta a quienes no son mexicanos
Expertos señala que con su política, EEUU podría desatar una "crisis de deportados" en su vecino del sur
WASHINGTON.- La Administración Trump quiere deportar a México incluso a ciudadanos no mexicanos mientras aguardan la resolución de sus casos en EEUU, pero la idea ya afronta el rechazo de Los Pinos y, según advirtieron este miércoles varios expertos, es inviable y desataría una “crisis de deportados” mayúscula en la región.
Enterrada en los memorandos migratorios emitidos ayer por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, está la sección “H” que autoriza la deportación a un “territorio contiguo” de migrantes que entraron ilegalmente a EEUU desde México, incluso a quienes soliciten asilo.
Para agilizar su proceso de deportación, los agentes de Inmigración “deberán disponer de instalaciones para que esos extranjeros comparezcan (en su audiencia) mediante videoconferencia”, reza parte de la sección.
Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, viajarán hoy a México y se prevé que la seguridad fronteriza y el asunto en particular sean el tema dominante de los encuentros que ambos sostendrán entre hoy y mañana con las autoridades del gobierno mexicano.
El canciller mexicano, Luis Videgaray ya adelantó a la prensa que México rechazará las propuestas de Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha explicado cuántos serían expulsados a México, ni qué futuro les aguarda a los no mexicanos allí, donde no podrían estar sin visa legal. Tampoco precisa quién correría con los gastos de las instalaciones y videoconferencias, o de la estancia de los migrantes en ese país.
Amnistía Internacional y otros defensores de los migrantes han condenado las medidas del DHS, aunque algunos activistas han señalado también que, en todo caso, no sería la primera vez que México le hace “el trabajo sucio” a EEUU en el manejo de los indocumentados.
Una inminente crisis mayúscula
Aunque según el DHS, las autoridades están negociando los detalles de ese arreglo, en México éste ha suscitado gran preocupación, particularmente por el enorme alcance de la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.
En una comparecencia ayer ante el Senado mexicano, el embajador designado en Washington, Gerónimo Gutiérrez, dijo que aunque el arreglo “no es vinculante”, los memorandos del DHS “son motivo de preocupación” para el gobierno y “para todos los mexicanos”.
La sección H “autoriza al DHS, no obliga en forma alguna al Estado mexicano a hacerlo… (el acuerdo) está sujeto al cumplimiento de nuestro propio marco legal y de nuestros intereses”, explicó el diplomático.
Según un informe reciente del Centro de Investigación Pew, en 2014 había 11,1 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU, o un 3,5% de la población. De éstos, 5,8 millones –un 52% del conjunto total- eran de origen mexicano.
Además, cifras actualizadas por la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, en inglés) apuntan a que en entre octubre y diciembre pasados, primer trimestre del año fiscal 2017, los agentes arrestaron a 136,670 migrantes indocumentados.
Las elevadas cifras obligaron a la apertura de dos centros de detención en Tornillo y Donna, en Texas y, según explicó la CBP, reflejan principalmente el aumento en el flujo de migrantes centroamericanos, haitianos provenientes de Brasil y cubanos.
Una vasta coalición de grupos pro-inmigrantes ha advertido que las nuevas directrices ponen en la mira a al menos ocho millones de inmigrantes indocumentados.
La congresista demócrata por California, Nanette Barragán, dijo a este diario que, en su primer mes en la Casa Blanca, Trump “ha sido cruel y desconsiderado” con los inmigrantes, y no tiene sentido que los solicitantes de asilo “sean enviados potencialmente a su muerte”.
En todo caso, el solicitante puede buscar asistencia legal gratuita y “un juez de Inmigrante –no el presidente Trump- puede determinar el resultado de un caso”, enfatizó.
Una idea “inviable”
Otros expertos consultados hoy por este diario coincidieron en que la idea es “inviable”, contraviene las obligaciones internacionales de EEUU, viola el derecho al debido proceso, y deja abierta la puerta a numerosos litigios en los tribunales.
“Tiene poco sentido despachar a no mexicanos a México para que sigan desde allí sus casos de deportación, particularmente si han huido de la violencia, y deportar a solicitantes de asilo crea el riesgo de que sean blanco de criminales y pandillas mientras aguardan su audiencia”, explicó el abogado de Inmigración, David Leopold.
“Esto no es más que un reglamento más para privar a los inmigrantes y solicitantes de asilo de las protecciones bajo nuestras leyes”, agregó.
Otro abogado de Inmigración, Bryan Johnson, dijo que la medida, en el caso de solicitantes de asilo, sería ilegal y “violaría directamente las obligaciones de EEUU de proveer seguridad a quienes califican para asilo”, además de que muchos centroamericanos serían deportados por México antes de que se resuelvan sus casos.
Por lo general, los mexicanos son deportados en avión a ciudades fronterizas en California, Arizona y Texas, desde son trasladados en autobuses a otros destinos. En cambio, los migrantes de otros países son trasladados a ciudades donde la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene oficinas locales, y de allí enviados en avión a Centroamérica y demás países de origen.
Según un informe interno del DHS de 2015, ICE gasta un promedio de $8,419 por cada hora de vuelo en aviones fletados por la agencia, y todo corre a cuenta de los contribuyentes.
Si bien la nueva política migratoria supone una bonanza para las empresas privadas que administran las cárceles para inmigrantes, ésta también conlleva una pesadilla por el retorno de millones de deportados en la región, según observadores.
