¿Es que vamos forjando otro momento a estilo Samervin?
Nuevas revelaciones indican que la operación fracasada de la agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), llamada “Fast and Furious”, la que fuera responsable de poner armas en manos del crimen organizado en México, puede que no haya sido sólo progenie cerebral del gobierno de Obama, sino que tuvo predecesores en el de Bush.
Para desenterrar las motivaciones tras el desquiciado enfoque de las fuerzas de seguridad requiere que el liderazgo del comité supervisor de la Cámara de Representantes House Oversight and Government Reform Committee investigue posibles aprobaciones de políticas por ex Fiscal de la Nación, Alberto Gonzáles.
Hasta el momento, el actual fiscal, Eric H. Holder, Jr., parece haber sido el objetivo en la mira del Comité, junto con personal de la Casa Blanca bajo orden de comparecencia, quienes podrán haber tenido conocimiento de o participado en la aprobación de la fallida hazaña.
La historia que continúa desenvolviéndose, cuenta del comercio de armas en apoyo de los carteles criminales en México y agentes de la ATF y el descontrol de las situaciones desde el año 2006.
Tim Steller, del periódico Arizona Daily Star reportó el 6 de octubre que las armas de fuego obtenidas de Michael Detty, corredor de armas en Tucson, llevaron a una investigación federal en el 2006 en cuanto al destino de las armas a manos de criminales mexicanos. En el curso de cuatro años, se vendieron cientos de armas a contrabandistas de armas pero esto no llevó a acusaciones sino hasta mayo y octubre del 2010, cuando a nueve personas les “acusaron calladamente”, según Steller.
Las ventas de armas formaban parte de una operación llamada Operation Wide Receiver, iniciada durante el gobierno del presidente Bush y cuando era fiscal de la nación, Alberto Gonzáles. Según la Associated Press (AP), la operación Wide Receiver fue precursora de Operation Fast and Furious. La AP afirma haber obtenido correos electrónicos que muestran que agentes de la ATF permitieron “el paseo de armas” al otro lado de la frontera en el 2007, en un presunto intento por rastrear las armas a redes de narcotraficantes y crimen organizado.
La investigación del 2007 se informa incluyó la participación de 200 armas, de las cuales una docena terminó en México. La operación Fast and Furious incluyó unas dos mil, con unas 1.400 recuperadas y presuntamente en manos del crimen organizado en México con otras que se quedaron o que volvieron a EE.UU.
No obstante, la revelación de una operación donante, de la cual es clon la operación Fast and Furious, expone las políticas y las prácticas del gobierno de Bush a una investigación.
La investigación de la operación Fast and Furious por el Comité Supervisor de la Cámara de Representantes hasta ahora se ha centrado principalmente en la defensa proferida por el fiscal Holder de la ATF, tras algunas partidas y cambios en la oficina de Arizona de la agencia federal, que forma parte del Departamento de Justicia, al que preside Holder.
En el 2006 y hasta septiembre del 2007, Alberto Gonzáles fue fiscal de la nación.
Se halló que Gonzáles nunca había incidido en ninguna infracción.
El 3 de octubre, la escuela de derecho Belmont, en Nashville, Tennessee, anunció su nombramiento a la Cátedra de Derecho Doyle Rogers.
