Abuso sexual y los centros de detención de inmigrantes

Los escandalosos eventos en Pennsylvania State University son un crudo recordatorio del efecto que causa un escándalo de abuso sexual. Con frecuencia no son las víctimas quienes levantan la voz –quizá por vergüenza o temor a que no se les tome en serio.

Los autores del delito, al ser descubiertos, lo niegan, lo minimizan y con frecuencia le echan la culpa a su víctima.

Si hay una institución de por medio, como la iglesia católica, los Boy Scouts, la fuerza militar o hasta una universidad, surgen muchas formas de silencio y encubrimiento.

En el caso de Penn State, al menos se revelaron detalles y la universidad tomó acción.

Unas tres semanas antes que estallara el escándalo en Penn State, dos fuentes informaron sobre abusos sexuales en centros de detención en los Estados Unidos. Un informe de la asociación pro defensa de los libertades civiles (ACLU) contó unas 200 quejas formales de abuso sexual entre 2007 y 2010 presentadas por inmigrantes encerrados en estos centros de detención.

Al mismo tiempo, el canal público de televisión PBS presentó un especial del programa Frontline “Lost in Detention”, un documental que narra el sufrimiento de unos 350 mil inmigrantes detenidos cada año. Las cámaras se dirigieron al centro de detención de administración privada, Willacy Detention Center, en Raymondville, Texas.

Una mujer estaba detenida por haber escrito un cheque de $230 sin fondos hacía una década. La señora recontó con lujo de detalles el manoseo y hostigamiento sexual que tuvo que soportar de un guardia. En vez de someterse a más degradación, pidió que la deportaran, dejando atrás a sus cuatro pequeños hijos, quienes son ciudadanos de los Estados Unidos.

Al realizar una encuesta en Willacy, una coordinadora de servicios de salud mental oyó de un detenido seropositivo quien afirmó haber sido violado repetidas veces por otro detenido. Y una mujer que no habla inglés contó en términos desgarradores de un guardia que le “tocaba partes del cuerpo que ella no quería que le toque”.

La ACLU reportó las quejas de abuso sexual de dos hispanas detenidas en el centro T. Don Hutto, de administración privada, en Taylor, Texas.

Pero el abuso sexual en los centros de detención es más generalizado de lo que reporta la ACLU. Los detenidos viven aislados y son muy vulnerables. A diferencia de la situación en la Penn State, donde eventualmente intervino la Policía, los detenidos no cuentan con muchos intermediarios que velen por ellos.

Así como con el caso de Penn State, las autoridades federales algo sabían de las acusaciones de abuso sexual en los centros de detención. De hecho, la ACLU consiguió su información del Departamento de Seguridad Nacional después de extraérsela con una petición en virtud de la libertad de información.

Una vez hechas públicas las acusaciones en Penn State, se escucharon alaridos de indignación. No fue así con con los detenidos inmigrantes. Los medios de televisión y prensa generales quedaron en un silencio espeluznante.

Funcionarios clave de la presidencia fueron menos que abiertos. Cuando Frontline le preguntó a Cecilia Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales en la Casa Blanca, sobre los informes sobre el abuso sexual, cambió la dirección de la pregunta para hablar de intentos recientes del Departamento de Seguridad Nacional por mejorar las condiciones en los centros de detención y la necesidad de “arreglar un sistema malogrado”.

El presidente Obama, al hablar del caso de Penn State mediante su secretario de prensa, dijo, “Si las acusaciones de lo que ocurrió resultan ser verídicas, lo que ocurrió es un ultraje”. No ha dicho nada sobre las denuncias de abuso sexual en los centros de detención que son la responsabilidad de su gobierno.