Críticos comparan a Arpaio con alguaciles sureños de la década de los 60
Las recientemente documentadas políticas del alguacil de Arizona, Joe Arpaio -que han creado una crisis de derechos civiles para los 6,4 millones hispanos de ese estado- las están enmarcando dirigentes de la comunidad, incluyendo alguaciles y gobernadores estatales que usaron la fuerza para subyugar a los negros durante las luchas por la libertad en el sur estadounidense en la década de los sesenta.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el 15 de diciembre los hallazgos de una investigación de tres años del régimen de mano dura de Arpaio en el condado de Maricopa.
La supervisora del condado, Mary Rose Wilcox, alguna vez fallidamente inculpada por Arpaio, mantiene que el alguacil y sus asistentes han violado los derechos civiles y humanos de individuos a diario durante años. Han creado “un régimen de terror” en la comunidad latina, parecido al que sufrieron los afro-americanos hace medio siglo, cuando comenzaron a tratar “a todos los latinos como si fueran indocumentados”, dijo.
“Los niños tenían miedo de ir a la escuela, las madres temían salir de sus casas, estuvieran documentados, indocumentados o siendo hasta ciudadanos”.
Randy Parraz, líder del voto del 8 de noviembre que resultó en la revocación del cargo del expresidente del senado estatal Russel Pearce, comparó a Arpaio con el alguacil de Albany, Georgia, quien encarceló a afroamericanos sin causa probable durante la lucha por los derechos civiles. Parraz le atribuye a Arpaio una actitud similar en cuanto a los latinos.
“En su mente, cree que es el alguacil más malo del país y que puede hacer lo que le viene en gana. Ahora le vamos a mostrar que sí nos importa y que estas cosas tienen peso”.
Parraz y Wilcox están entre las autoridades y dirigentes a favor de los derechos inmigrantes en Arizona que el 16 de diciembre, en conversación telefónica con periodistas, aplaudieron la investigación del Departamento de Justicia.
Raúl Grijalva, representante demócrata por Arizona, participó en la llamada y dijo que el informe confirma el abuso de poder cometido por Arpaio contra los latinos y otros quienes se oponen a él se han unido con varios legisladores estatales y dirigentes políticos que exigen la renuncia de Arpaio.
Grijalva respondió al reclamo del alguacil que la investigación federal era “un ataque político” del gobierno de Obama y un intento por los demócratas por ganarse votos latinos para el 2012.
Al negar que la investigación tuviera fundamento político, dijo que el informe era “una ventaja, la cual hemos estado esperando, para poder lidiar con algunos hechos prácticos, con el hecho que Arpaio es una aberración al estado de derecho”.
Salvador Reza, dirigente de temas de derecho civil en Phoenix, advirtió que “esto no ha terminado”. Queda mucho trabajo por hacer, en particular en cuanto a la protección de los derechos de los reos en las cárceles del condado”, dijo. Y señaló las acusaciones falsas de delitos de hurto de identidad aplicadas a los inmigrantes indocumentados, “cuyo único delito era trabajar para el bien de sus familias”, y los encierros donde a los abogados les negaban el acceso a sus clientes.
“Estamos muy contentos que se realicen estos hallazgos, pero mientras no se procese a Arpaio, esto seguirá tanto más siendo sólo un juego político”.
Arturo Venegas, director de la Law Enforcement Engagement Initiative, a nivel nacional, elogió al Departamento de Seguridad Nacional por negarle a la oficina del alguacil acceso a programas federales tales como Comunidades Seguras y 287(g). No obstante, dijo que le preocupa aún la obsesión que tiene Arpaio por hacer redada de inmigrantes, incluyendo a los que son ciudadanos estadounidenses, y que políticas de discriminación similares se están extendiendo a otros estados.