Buscan leyes más fuertes antitráfico

Primera de dos partes

Más de una década después de haber sido liberada de una red de tráfico sexual en Berkeley, una sobreviviente continúa sufriendo pesadillas relacionadas con Lakireddy Balireddy.

“A veces despierto en medio de la noche después de haber soñado que está junto a mí en la cama, o veo a alguien que me lleva con él”, dijo la joven, que tiene ahora casi 30 años, y que accedió a ser entrevistada con la condición de mantener el anonimato. “Salto de la cama y enciendo todas las luces para asegurarme de que no está en la habitación”.

El revuelo en los medios que provocó la aparición del caso de tráfico sexual a comienzos de la década de 2000, con escandalosos titulares todos los días sobre las “esclavas sexuales” de Lakireddy, inició un diálogo en el estado que llevó directamente a la aprobación en 2005 del Proyecto de Ley de la Asamblea 22, la primera ley de California que establece condenas penales más altas para el tráfico de personas.

La campaña de este año para aprobar leyes antitráfico más estrictas en la votación especial de noviembre como una iniciativa de los votantes es el último intento para manejar lo que los proponentes describen como el asunto no acabado de la reforma legal.

Sally Lieber, excongresista, patrocinadora principal de la ley estatal de 2005, dijo que el caso Lakireddy “fue la confirmación de cuál era el problema”, y “sin dudas pensábamos en ese caso” cuando ella y sus colegas en la Legislatura redactaron la ley. La versión final estableció que el tráfico humano para trabajo forzado o servicios constituía un delito grave, castigado por una condena de 3, 4 o 5 años (dependiendo de la gravedad del caso) en prisión estatal para tráfico de un adulto, y una condena de 4, 6 u 8 años por traficar con un menor.

La ley también establece la indemnización monetaria y permite que las víctimas de tráfico sexual inicien acciones legales contra los traficantes.

Puede parecer una herramienta poderosa, pero Lieber dijo que son necesarias leyes más estrictas.

La nueva iniciativa, una reforma que los proponentes denominan Ley de Californianos Contra la Explotación Sexual, extendería los plazos en prisión y permitiría multas de hasta 1. 5 millones para traficantes de seres humanos.También requeriría la capacitación para la aplicación de ley, algo que habría podido ayudar a la policía a detectar la red de tráfico sexual mucho antes, dijo Michael Rubin, abogado de San Francisco, de la firma legal Altshuler Berzon LLP, que representó a algunas de las víctimas de Lakireddy en una demanda civil en 2002.

En 2001, agentes federales del orden público procesaron al restaurador y magnate de bienes raíces de entonces 64 años, uno de los propietarios más ricos de Berkeley, que recibía al menos 1 millón de dólares al mes de sus 1,000 o más propiedades- por dos cargos de transporte de menores para actividad sexual ilegal. También fue condenado por conspiración para cometer fraude en inmigración y presentar una declaración de impuestos falsa.

Una investigación federal también concluyó que Lakireddy había estado llevando a cabo “una extensa conspiración desde 1986 para traer al menos 25 trabajadoras indias a los EEUU con promesas falsas”, según una declaración del Departamento de Justicia de marzo 2001. Las muchachas inmigrantes fueron traídas desde su aldea nativa Velvadam en el sur de India.

El abuso sexual de las muchachas comenzó años antes en la aldea y continuó después de que las llevó a EEUU, dijeron los fiscales.

“Convirtió a Berkeley en una Velvadam junto a la Bahía”, dijo Rubin.

Además de someter a las muchachas a lo que los fiscales llamaron “servidumbre sexual”, Lakireddy presuntamente obligó a muchas de ellas a trabajar en su restaurante indio de Berkeley, y a realizar tareas de limpieza y mantenimiento en sus propiedades para alquiler. Justificó el no haberlas incluido en una nómina laboral, o pagarles muy poco, diciendo que les daba comida y alojamiento gratis. Unas pocas muchachas fueron enviadas a la escuela.

El abuso podría no haber sido detectado durante más tiempo, si no fuera por una pérdida de monóxido de carbono en noviembre de 1999 en uno de sus apartamentos de Berkeley que mató a Chanti Pratipatti, de 17 años, que Lakireddy había traficado unos meses antes. Chanti y su hermana de 15 años habían sido traídas al país por dos familiares de Lakireddy, que se hicieron pasar por padres de las muchachas, y que eran hermanos entre sí.

Lakireddy fue arrestado el 14 de enero de 2000, dos días antes de un viaje planificado a su país natal con una de sus víctimas del tráfico de personas.

Un comunicado de prensa del 7 de marzo de 2001 del Ministerio de Justicia informó que Lakireddy podría enfrentar hasta 38 años en prisión según un acuerdo negociado de aceptación de culpabilidad al que llegó con los fiscales. Pero ese abril, antes de que pudiera ser condenado, sus abogados lograron negociar y rebajar el plazo a 97 meses. Lakireddy también acordó pagar 2 millones de dólares como indemnización a la hermana que sobrevivió, a los padres y a una muchacha de 18 años que vivía con las hermanas en el momento del accidente.

Lakireddy pasó un poco menos de ocho años en la prisión federal de Lompoc. Después de su liberación en 2008, se registró cómo agresor sexual en California.

Cuando se les preguntó por qué el magnate de los bienes raíces recibió un castigo tan reducido comparado con el que se le había amenazado originalmente, los dos fiscales principales se negaron a hacer comentarios. El juez presidente no devolvió varias llamadas telefónicas pidiendo que hiciera comentarios.