Postergan decisión sobre ley antiinmigrante

Para el activista Tony Yapias, presidente de Proyecto Latino, la decisión ha sido un triunfo para todos los inmigrantes.
Para el activista Tony Yapias, presidente de Proyecto Latino, la decisión ha sido un triunfo para todos los inmigrantes.
Foto: archivo

Denver.- Un juez federal de Utah decidió postergar su decisión sobre la constitucionalidad de la ley HB497, aprobada por la legislatura local en 2011, por lo que la medida que otorga atribuciones migratorias a la policía local no podrá entrar en vigor.

Tras escuchar argumentos de la oficina del fiscal general de Utah a favor de HB497 y por parte del Departamento de Justicia federal en contra de la medida, el juez Clark Waddoups, del tercer distrito, informó que necesitará algo de tiempo antes de emitir un fallo definitivo sobre la ley.

Las opciones son declarar que HB497 es constitucional o ratificar la orden en contra de la implementación de la ley hasta que la justicia federal se expida sobre la constitucionalidad de medidas similares en Arizona y en Alabama.

“Este es un triunfo para todos los inmigrantes. Gracias a todos los abogados que dieron sus argumentos en contra de HB497”, dijo Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah, que se movilizó junto con decenas de dirigentes proinmigrantes hasta las cercanías de la corte federal en Salt Lake City para expresar su oposición a esta ley.

“Les pido a todos los inmigrantes que se queden tranquilos. Confiamos que todo va a estar bien”, agregó.

Yapias enfatizó que “no se trata de un freno definitivo a la ley, sino que la ley va a permanecer frenada sólo hasta que el juez tome una decisión”.

Pero en la práctica, dijo, eso significa que por el momento la policía local no podrá cumplir con ciertas funciones migratorias, como la de verificar los documentos de inmigración de las personas sospechosas de cometer ciertos delitos.

Durante la audiencia ante el juez Waddoups, el abogado Barry Lawrence, representando a la oficina del fiscal general de Utah, había argumentado que la ley HB497 no es similar a las leyes sobre inmigración de Arizona o de Alabama, por lo que no había necesidad de esperar un fallo federal sobre esas leyes para permitir la entrada en vigor de HB497.

Por su parte, el abogado Joshua Wilkenfeld, en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, expresó que el pedido del Gobierno federal para que el juez se expida sobre la constitucionalidad de HB497 no se basa en su similitud con leyes de otros estados sino en el hecho que la legislatura de Utah sobrepasó su autoridad al pedir que policías locales asuman responsabilidades que sólo le competen a agentes federales.

“No nos interesa el alcance del mandato, sino el hecho de que exista este mandato”, indicó Wilkenfeld durante la audiencia.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) también forman parte de la demanda en contra de HB497.