Política: Ataque a la libertad religiosa

El presidente Obama acaba de lanzar un ataque directo y sin precedentes a la libertad religiosa en nuestro país. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, basándose en la ley de reforma de salud del presidente, el llamado “Obamacare”, emitió hace unas semanas una directriz requiriendo que instituciones afiliadas a la Iglesia Católica, tales como universidades y hospitales, ofrezcan, como parte de la cobertura médica que brindan a sus empleados, acceso a contraceptivos, incluyendo algunos que son abortivos como la “píldora del día después”, así como servicios de esterilización. El problema aquí, por supuesto, es que la Iglesia Católica se opone moralmente al uso de anticonceptivos y a la esterilización, por lo que el mandato federal obligaría a determinadas instituciones católicas a violar los principios de su fe.

Nunca, en la historia de los Estados Unidos, el gobierno federal había atacado la libertad religiosa de una manera tan burda. Nunca, una administración -demócrata o republicana- había tratado de inmiscuirse en los asuntos que le competen a una religión particular, tratando de obligarla a hacer algo que contradice sus creencias.

Este ataque a la libertad religiosa, derecho fundamental de nuestra democracia, consagrado en la primera enmienda de la Constitución, fue rechazado y condenado inmediatamente por la jerarquía de la Iglesia Católica, pero también por los principales líderes de las otras religiones más importantes del país.

Ante esta situación, la Casa Blanca no tuvo otra alternativa que buscar lo que ellos mismo denominaron como un “acomodo”. Pero, tristemente, el acomodo resultó ser peor que la directriz inicial y sigue siendo un ataque descarado a la libertad religiosa.

Según la administración Obama, ahora las instituciones católicas no van a tener que ofrecer esos servicios. Bajo su nueva directriz, ahora le compete a las aseguradoras ofrecerle anticonceptivos libre de costo a cualquier asegurado. Esto parece una decisión muy magnánima por parte del presidente, pero en la práctica no es más que un truco para imponerse ante la iglesia.

A final de cuentas las aseguradoras le van a pasar la factura por los condones y píldoras “gratis” a sus clientes, a los empleadores. O ¿cuándo usted ha visto que una aseguradora ofrezca algo libre de costo? En otras palabras, las instituciones católicas terminarán pagando por esto, justamente lo que no querían hacer. ¡Vaya acomodo!

Por otra parte, la nueva decisión también es una imposición desmedida a la empresa privada, al requerirle que ofrezca un producto o unos servicios gratis a sus consumidores. No es como si los anticonceptivos fueran difíciles de conseguir o fueran excesivamente caros. Todo lo contrario; se pueden conseguir en cualquier farmacia a precios muy bajos. Si el estado va a obligar a las aseguradoras a repartir contraceptivos gratis, ¿por qué no les requiere también regalar píldoras de ajo para la presión, anti-estamínicos para el dolor de cabeza y otros medicamentos de uso común que no son costosos y que no son cubiertos por los seguros médicos?

Obama y los apologistas de este ataque a la primera enmienda argumentan, no obstante, que el estado puede y debe intervenir porque este es un asunto apremiante de salud femenina, lo que es patentemente absurdo pues como ya hemos dicho en la actualidad las mujeres no tienen ningún impedimento para adquirir anticonceptivos a precios sumamente bajos.

Otros dicen que es injusto que la iglesia impida que sus empleados -católicos o no- tengan acceso a anti-conceptivos, cuando la mayoría de ellos, incluso los católicos, los usan o creen que está bien usarlos. Estas personas, no obstante, fallan en comprender la amplitud de la libertad religiosa consagrada en la Constitución. Esta cobija la autonomía de decisión de la institución religiosa y su jerarquía. La iglesia, por tanto, tiene pleno derecho a establecer políticas laborales que no contraríen sus principios. Más aún, nadie está obligado a trabajar en una institución católica.

Este asunto en nada tiene que ver con el acceso a dispositivos para el control de la natalidad. Aquí lo único que está en controversia es el derecho que le garantiza la constitución a las personas y a las instituciones y organizaciones religiosas a actuar según sus respectivos credos sin intervención del estado.

Esta última decisión de la administración no ocurre en el vacío. Este presidente promueve una política secularista que busca sacar a la religión de la plaza pública. No olvidemos que a pocos meses de comenzado su mandato, el presidente viajo a Turquía y declaró que los Estados Unidos “no es un país cristiano”.Esta administración le quitó la financiación federal al programa de la iglesia católica para atender a las víctimas de tráfico humano porque este no recomienda a sus clientes el aborto como una alternativa de tratamiento. Al tomar su decisión, la administración obvió considerar que este programa es considerado como el mejor y más eficiente en la nación por expertos en esta área. Y, recientemente, la administración argumentó ante el Tribunal Supremo que el gobierno puede intervenir en el nombramiento de ministros en una iglesia. Curiosamente, todos los jueces del Supremo federal -hasta los más liberales- se opusieron a este planteamiento radical de los abogados del presidente.Nuestro sistema de gobierno se fundamenta en la defensa y respeto de unas libertades y derechos inalienables. Si el gobierno empieza a negar arbitrariamente esas garantías constitucionales, todo nuestro sistema se vendrá abajo.

Para los latinos, esta acción del presidente no es solo un ataque a la libertad religiosa, pero un ataque también a nuestra cultura en la que la religión desempeña un papel central.

Aunque el presidente haya dicho que esto es un asunto cerrado para él y que no va a cambiar su postura, varias demandas ya se han radicado impugnado la validez constitucional de esta directriz presidencial. Estoy convencido que estos recursos van a prevalecer y que el principio de libertad religiosa será reafirmado. Este último ataque del presidente a la constitución y a nuestras libertades más fundamentales deber ser y será finalmente rechazado.