Pedro Espada confía en probar su inocencia

El Bronx – El exsenador Pedro Espada Jr., en entrevista exclusiva, se mostró confiado en que saldrá exitoso de los diversos procesos judiciales a los que se enfrenta en unos como acusado y en otros como demandante.

“Vamos a probar nuestra inocencia y limpiar nuestro nombre en corte que es el único lugar donde podemos hacerlo y el único donde cuenta”, dijo Espada asegurando que confía en el sistema y en que saldrán exonerados, refiriéndose al juicio federal que se iniciará el 13 de marzo.

Espada y su primogénito Pedro Gautier Espada, están acusados de supuesta malversación de fondos federales, fraude electrónico, falsas declaraciones al Departamento de Salud y Servicios Humanos, falsas declaraciones de impuestos y conspirar para ello.

Los Espada podrían ser condenados a décadas de cárcel de ser declarados culpables.

Espada, 59 años, es fundador y director ejecutivo de la red de clínicas de salud comunitaria Soundview que fundó hace 30 años y atienden a unos 20,000 pacientes anuales, la mayoría de bajos ingresos en El Bronx.

La atención sanitaria a sus pacientes ha sido posible por una subvención federal y su participación en el programa de Medicaid, financiación habitual en estas organizaciones. Sin embargo, ambas se le han retirado a Soundview y es lo que su Junta Directiva está peleando en dos demandas, una en corte estatal y otra en federal.

“Hay un total embargo económico dedicado a la destrucción de Soundview”, afirmó Espada indicando que de los $12 millones de presupuesto de sus cuatro clínicas les han retirado una subvención federal de $5 millones, el Medicaid de $1.5 millones y como consecuencia han perdido sus ingresos como HMO por $4 millones.

Su participación en Medicaid fue cancelada por el Departamento de Salud estatal (HD) y tras la demanda de Soundview el juez Mark Friedlander decidió el 22 de diciembre que HD tenía autoridad para ello, pero puso una condición. “A fin de evitar malentendidos la orden judicial no entrará en efecto hasta que se dé la transcripción de la decisión a ambas partes y tendrán 30 días para su puesta en vigor”, indicó el juez, según informamos en esa fecha.

La transcripción no se ha emitido aún y hoy Soundview y el estado vuelven a comparecer ante Friedlander. “Han violado su orden”, enfatizó Espada quien indicó que HD continuó con el proceso de cancelación. A la espera de la audiencia de hoy Soundview solicitó un mandato judicial, que obtuvieron del juez Fernando Tapia el 21 de febrero, ordenando a HD que no excluya a Soundview del Medicaid.

“Están transfiriendo los pacientes en contra de las órdenes de los jueces Friedlander y Tapia, les han desobedecido enfrentándose a la justicia”, aseguró Espada.

“Ahora tenemos a miles de pacientes que reciben las cartas y vienen aquí y nosotros les atendemos gratuitamente porque han sido nuestros pacientes por años. Pero ¿cuál es el problema? Si tienes Sida o diabetes necesitas medicinas y cuando se les receta no se las proporcionan porque Soundview ya no está en el sistema como proveedor”, denunció Espada.

La oficina del fiscal general del estado Eric Schneiderman declinó comentar sobre este caso y en la misma línea se manifestó HD indicando que se atendrían a la decisión judicial.

El 31 de enero Soundview presentó una demanda por $15 millones anuales más daños punitivos, contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HRSA) y Paloma Hernández, presidenta y gerente general de la clínica comunitaria de salud Urban Health Plan.

Hernández fue incluida en la demanda porque es miembro de la Junta de Directores de la National Association of Community Health Centers (NACHC), organización que representa a los Centros Comunitarios de Salud, entre ellos Soundview. Es en esta capacidad que Soundview contactó a Hernández para que, de acuerdo al procedimiento federal, escribiera una carta apoyándoles en la solicitud de la renovación de la subvención, lo que Hernández hizo.

“Lo que no hizo fue informar a Soundview que Urban Health Plan mientras tanto estaba aplicando al mismo tiempo por nuestra subvención”, afirmó Espada señalando que “nunca ha habido una situación en la que una clínica compita con la otra… necesitaban un socio… es una acción sin precedentes”, manifiesta el exsenador.

“… la señora Hernández abusó de su posición y actuó en complicidad con los miembros del gobierno federal a fin de privar a Soundview de la subvención…”, indica la demanda. Respecto al HRSA alegan que tomó decisiones fuera del proceso normal como discontinuar la subvención a Soundview que se le había renovado periódicamente y anunciar una competición cuando lo habitual había sido extensiones de la misma por cinco años.

Los demandantes indican que los demandados actuaron con “mala fe” y recurrieron a “conducta arbitraria y caprichosa con el propósito de denegarles la financiación”.

Llamadas a la oficina de Hernández y mensaje electrónico enviado a su correo no habían sido respondidos al cierre de esta edición, como tampoco respondió el HRSA.