Política: Ataque a la salud

Desde el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos ha estado revisando aspectos de la ley de reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama. Durante los tres días de audiencias los nueve altos magistrados de la Corte Suprema intercambiaron opiniones y escucharon argumentos sobre el aspecto más controvertido de la ley: la obligación a disponer de un seguro médico o pagar una multa si no se hace.

La discusión se produjo el segundo día de audiencias. Cinco de los nueve jueces que integran el más Alto Tribunal -los cinco de tendencia conservadora- se quejaron del intento de intromisión por parte del Gobierno en la actividad privada. Todos ellos coincidieron en que si se le permite al Gobierno imponer un seguro de salud, no hay razón para no permitirle después cualquier otra cosa.

¿Qué pretende solucionar la Ley de Cuidado Asequible de la Salud?

Con la ley de reforma del sistema sanitario, el Congreso intentó romper un círculo vicioso: 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico; cuando uno de ellos necesita atención médica, las aseguradoras deben pagársela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las pólizas de los ciudadanos que sí tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1,000 dólares extra cada mes para cubrir ese margen. El precio tan elevado, a su vez, hace que muchos ciudadanos no puedan costearse el seguro, especialmente si carecen de empleo.

Los conservadores han planteado este debate sobre la reforma sanitaria como un duelo entre la libertad y el totalitarismo

El abogado de los 26 estados que han denunciado al gobierno, Paul Clement, defendió que obligar a los ciudadanos a comprar cualquier cosa, aunque sea un seguro de salud, es anticonstitucional porque viola los derechos individuales más básicos.

Los defensores del Gobierno, sin embargo, argumentan que se trata de un mercado distinto a cualquier otro. “Todos los ciudadanos necesitarán este servicio de salud en algún momento a lo largo de sus vidas”, “El Congreso no te está haciendo pagar por algo que no querías comprar, sino que está ayudando a que otros no lo paguen por ti, o que tú no lo pagues por ellos”, en referencia a la subida de precios que imponen las aseguradoras.

El Gobierno defiende que incluyó el mandato individual para garantizar que todos los ciudadanos tienen un seguro en todo momento, y colmar un agujero presupuestario de 43,000 millones de dólares generado por las personas que no cuentan con cobertura médica.

Aseguran que la sanidad supone un 17% de la economía del país y que la gente que no cuenta con un seguro también participa en la industria sanitaria, bien sea pagando por la cobertura médica con dinero de su bolsillo o simplemente no pagándola.

El principal abogado del Estado, Donald Verrilli, sostuvo que esa imposición (el seguro obligatorio) es imprescindible para la sostenibilidad del sistema sanitario

Se estima que nueve millones de hispanos en Estados Unidos podrán obtener cobertura una vez la ley sea completamente implementada.

Durante décadas, diferentes presidentes han intentado sin éxito reformar el sistema nacional de salud. En 2009 la administración Obama, sin el apoyo de los republicanos, logró que el Congreso aprobara la Ley de Cuidado Asequible de la Salud.

Desde que esta profunda reforma al sistema de salud fue aprobada hace dos años, ha habido un cambio en la composición del poder legislativo con los republicanos equilibrando los escaños en el Senado y ganando la mayoría en la Cámara de Representantes.

Como consecuencia 26 estados desafiaron legalmente el acta, lo que ocasionó las históricas audiencias frente a la Corte Suprema del país. Los máximos detractores de la reforma se encuentran en las filas del conservador Tea Party.

La Corte Suprema concluyó el miércoles tres días de audiencias sobre la constitucionalidad del Acta de Cuidado de Salud Asequible. Durante la última sesión, la corte discutió en qué estado quedaría la ley del presidente Obama si se elimina la obligatoriedad de poseer un seguro médico.

“Mi inclinación sería que si se retira el corazón del estatuto, el estatuto desaparece”, opinó el juez conservador Antonin Scalia. defendiendo que, si se suprime el mandato a tener un seguro, se debería declarar inconstitucional toda la legislación. Scalia sostuvo que no era realista pensar que este tribunal podría revisar cada línea de la ley y decidir cuáles estaban vinculadas al mandato y cuáles no.

Los dos jueces que están considerados más moderados, dentro del grupo conservador, John Roberts y Anthony Kennedy, igualmente mostraron dudas sobre la conveniencia de mantener la ley si se suprime el seguro obligatorio.

Sin embargo, no surgió un claro consenso sobre la suerte de la ley si los jueces deciden derogar el seguro obligatorio.

El fallo sobre la reforma llegará a finales de junio, cuando la carrera presidencial estará en pleno auge.

La Casa Blanca aun confía en que el veredicto le sea favorable