Director de cárcel en Perú pierde el puesto por dejar sin pelo a presos
La decisión de rapar el cabello de forma obligatoria a los cerca de 8,000 internos de un penal le costó hoy el puesto a su director
LIMA, Perú – Una polémica decisión de rapar el cabello de forma obligatoria a los cerca de 8,000 internos del penal limeño de San Pedro le costó hoy el puesto a su director, el coronel Tomás Garay, después de que interviniera hasta la Defensoría del Pueblo.
El director ejecutivo de Operaciones Especiales de la Policía peruana, el general Abel Gamarra, confirmó hoy que se decidió reemplazar a Garay por el coronel Luis Morales.
El hasta ahora director del penal de San Pedro, el más grande y hacinado de Lima, será investigado para determinar si incurrió en “abuso de autoridad o si simplemente fue una acción cívica”, dijo Gamarra en declaraciones a la emisora Radio Programas del Perú.
El jefe policial indicó que el objetivo del cambio es “buscar tranquilidad en el establecimiento penal” y opinó que “a veces las acciones que se adoptan para mejorar, son malentendidas”.
El pasado domingo el coronel Garay avivó la polémica suscitada con su decisión de dejar sin pelo a los presos, al señalar en un programa dominical de televisión que la medida disciplinaria era por seguridad e higiene, aunque también dijo que no se podía permitir que los internos anden con “aretes, piercings, con peinados corte cresta de gallo o con cola de ratón o de lagarto”.
“Es un mecanismo de seguridad porque hay internos que tratan de aprovechar su pelo largo para salir disfrazados de mujeres”, indicó Garay al programa Domingo al Día.
El entonces director del penal de San Pedro indicó el domingo que los primeros en ser rapados fueron los delegados de los pabellones, a manera de ejemplo para sus compañeros, y que había una gran resistencia por parte de reos homosexuales y de integrantes de una iglesia evangélica caracterizada por sus cabellos y barbas largas.
La imposición del corte de cabello a los internos del penal fue criticada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, por afectar el “derecho a la dignidad humana e integridad física”, según señaló en un comunicado.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, también se pronunció en contra de la medida que afectaba “la voluntad de las personas”, al igual que el jefe del Instituto Penintenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, quien cuestionó la supuesta norma de seguridad.
Para Pérez Guadalupe, otra de las razones del cambio de Garay se puede deber a las amenazas que éste recibió por parte de los presos de la institución que dirigía.
