El grave error de la Corte Suprema

La peligrosa decisión de la Corte Suprema de Justicia ayer –de sostener la cláusula más controversial de la SB 1070 de Arizona, que permite a ese estado usar sus fuerzas policiales para pedirles papeles a quienes se sospechen indocumentados- apunta hacia un ambiente más hostil para los inmigrantes. Hoy la urgencia por una reforma migratoria integral es más clara que nunca.

La Corte advirtió que nadie debe ser parado en la calle sólo por “parecer” inmigrante y sugirió que la cláusula puede ser retada en caso de abusos –una observación débil, en comparación con la decisión de ayer, que abre la puerta a violaciones de derechos civiles y sienta un precedente para que otros estados emulen la medida.

El Departamento de Justicia debió haber anticipado la decisión de la Corte y argüido que la cláusula socava los derechos civiles de inmigrantes e hispanos. Pero escogió retarla en base a la autoridad de Arizona de llevar a cabo funciones que se consideran estrictamente federales.

Ahora el liderazgo de Obama es crítico. Ayer, su Administración prometió que no deportaría a arrestados en Arizona a menos que cumplan con el criterio del gobierno. Pero Obama debe suspender programas federales polémicos como Comunidades Seguras y clausurar el 287 (g).

La Corte tomó la decisión correcta al rechazar otras tres cláusulas de la SB 1070 que habrían permitido a Arizona criminalizar a indocumentados que busquen empleo, exigir el porte de documentos migratorios, y arrestar sin debido proceso a sospechosos de crímenes que conllevan a la deportación.

El Congreso no puede seguir evadiendo la responsabilidad de actualizar las obsoletas leyes de inmigración.

La semana pasada aplaudimos la sabia decisión del Presidente de darles permisos de trabajo temporales a jóvenes indocumentados. Ahora, los republicanos están presentando proyectos para deshacer esa orden ejecutiva y celebrando la subsitencia de la ley de Arizona.

Mientras los grupos antiinmigrantes trabajan fervientemente en marginalizar comunidades a través de medidas punitivas, como la SB 1070, organizaciones civiles y latinas deben redoblar esfuerzos para movilizar votantes para la elección general . Estado por estado, deben dejarles saber a los hispanos quién es el enemigo.