Expectación en Arizona
El fallo de la Corte Suprema sobre la SB1070 no se ha producido aún
PHOENIX, Arizona (Notimex).- La expectación continúa en aumento en Arizona ante el esperado fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Estados Unidos sobre la ley antiinmigrante SB 1070, luego de no haberse producido a lo largo de la semana pasada como se esperaba.
Este lunes, se abre otra ventana para que el máximo tribunal del país dé a conocer su determinación sobre el estatuto, que podría convertirse en un modelo para otras entidades a lo largo de esta nación en caso de ser ratificado por la Corte.
De no darse, la decisión podría emitirse el próximo jueves o incluso a lo largo de julio, prolongando la ansiedad de miles de residentes de Arizona cuya vida podría verse afectada por la aplicación de la SB1070.
La decisión de la SCJ será aplaudida por unos y condenada por otros, pero se espera desate aquí una serie de manifestaciones a favor y en contra, un rosario de conferencias de prensa y programas especiales de televisión.
El pasado miércoles, más de una veintena de estaciones de radio y televisión en español transmitieron en cadena un programa de media hora para capacitar a la comunidad migrante sobre cómo proceder en caso de que se establezca la ley.
También este jueves, opositores a la iniciativa iniciaron una vigilia permanente frente al Capitolio Estatal en Phoenix, ante un altar levantado a la Virgen de Guadalupe, a la que piden frenar la entrada en vigor del polémico estatuto.
Los activistas, integrantes de grupos como “Promesa Arizona” y “Movimiento Puente” aseguraron que mantendrán la vigila hasta que la SCJ se pronuncie sobre la ley, sin importar el tiempo que esto lleve.
“Estamos orando por una intervención, para que los jueces de la Suprema Corte no mantengan la ley SB 1070”, dijo Petra Falcon, directora ejecutiva de Promesa Arizona, un grupo con sede en Phoenix dedicado a la lucha contra la ley de inmigración.
Desde principios de junio, partidarios y opositores de la ley en Arizona y en todo el país han seguido de cerca todos los lunes los anuncios de decisiones de la SCJ a la espera de un fallo, lo que denota la pasión que despierta el debate migratorio en este país.
La Suprema Corte emitió cuatro dictámenes el jueves pasado, pero ninguno tocó la ley de inmigración de Arizona o la ley del presidente Barack Obama sobre la atención de salud, el otro gran dictamen que se espera para finales de este mes.
La SB1070 promulgada en abril de 2010 nunca ha sido plenamente aplicada, debido a la orden de un juez federal que suspendió temporalmente algunas de sus previsiones ante una demanda interpuesta en contra del estatuto por el Departamento de Justicia.
Entre las previsiones de la ley que están suspendidas, se encuentran la de autorizar a los policías de Arizona a revisar el estatus migratorio de los detenidos o aquellos a los que se les marca el alto por alguna infracción.
También la de permitir la detención obligatoria de las personas que sean cuestionadas por la policía, incluso por sospecha de delitos menores que normalmente resultaría en una multa, si no pueden verificar que están autorizados a estar en Estados Unidos.
Analistas políticos y del tema migratorio sostienen que en caso de que la SCJ decida levantar la suspensión a la ley y permitir que se aplique, los problemas para el establecimiento del estatuto continuarán, al anticiparse que se presentarán nuevas demandas en su contra.
Dan Pochoda, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, precisó que la SCJ se pronunciará sólo sobre la suspensión de la SB 1070.
“No es una decisión final. Puede ser el final de este juicio en particular, pero hay otras demandas que han estado esperando y ahora se moverán hacia adelante”, expresó.
Algunas de estas demandas desafían la ley de Arizona por razones totalmente diferentes a la cuestión por la que decidirá la Suprema Corte, explicó.
Por ejemplo, la ACLU y el Fondo para la Defensa Legal y Educación del México-Americano (Maldef) interpusieron una demanda que desafía la ley SB 1070 por considerar que este tipo de legislación conduce a la discriminación racial, un argumento ausente de lo que analiza ahora el máximo tribunal.