Arizona tiene permiso de Obama para SB1070
La ley de Arizona (SB 1070) causó conmoción en todo México y en las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Fue una cosa personal. Prácticamente una declaración de guerra en contra de los mexicanos. Hasta en los pueblos más pequeños en Michoacán la gente sabía quién es el alguacil Arpaio. Lo detestaron por lo que les hacía a nuestros compatriotas.
La aprobación de aquella ley en Arizona fue el comienzo de una ola de leyes represivas que se difundió a Alabama y Carolina del Sur, y abrió la posibilidad de que leyes parecidas se aprobaran en otros estados. Miles de personas abandonaron aquellos estados dejando atrás todo.
De modo que no fue nada sorprendente que todo el mundo aquí en México esperara por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo les confirmó a todos lo que algunos habíamos estado diciendo desde hace tiempo: Que la implementación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal y no a los gobiernos de los estados. Si la corte invalidó tres de los cuatro componentes de la ley, ¿por qué optó por validar el cuarto componente, que permite que los agentes de policía le digan “muéstreme sus papeles” a cualquier persona que sospechan es indocumentada?
La respuesta es sencilla: La corte reconoció que los estados pueden administrar las leyes migratorias solamente cuando el gobierno federal los invitan. La administración de Obama tuvo que aguantar un fallo negativo en el aspecto “muéstreme sus papeles” de la ley de Arizona porque efectivamente habían invitado a Arizona a que participara en la administración de leyes de inmigración.
Esta invitación de participar vino en la forma de los dos programas 287 (g) y Comunidades Seguras. Estos dos programas promovidos por la administración de Obama agresivamente reclutan los cuerpos policiales municipales y estatales para cooperar en su esfuerzo de deportar a más personas que cualquier otra administración, y todavía están en fuerza.
Nos cayó bien el anuncio de Obama de suspender la deportación de jóvenes indocumentados y a los padres y las madres de niños que son ciudadanos estadounidenses. Nos animó aún más la semana pasada el anunció de darles permisos de trabajo a jóvenes indocumentados.
La administración de Obama deseaba recibir los aplausos de nuestra comunidad por haber demandado a los gobiernos estatales de Arizona, Alabama y Carolina del Sur por razón de las leyes anti inmigrantes de esos estados. Desgraciadamente ya sabemos que en parte, esas leyes se mantendrán en vigor porque la administración los ha invitado a que participen en la administración de esas leyes.
Si el gobierno de Obama en realidad desea poner fin a los abusos en Arizona, Alabama y Carolina del Sur, pondrá fin a los programas “Comunidades Seguras” y 287 (g).
Ha llegado el momento de decir la verdad.