La última palabra aún no se ha escuchado

El fallo de la Corte Suprema sobre la ley migratoria de Arizona permite que ambos bandos del debate declaren una cierta victoria.

Pero al confirmar la porción más repugnante de la ley -la que requiere que oficiales de la policía local y estatal se extralimiten e impongan la ley migratoria federal, lo que, según sus críticos, conduce a realizar perfiles raciales y étnicos- el tribunal causó la derrota de lo que es justo y de sentido común.

También constituye un golpe contra el derecho de todos los estadounidenses de que, simplemente, los dejen en paz. Si no recuerdan si ese “derecho” está en la Constitución, examínenla con más cuidado. La prohibición de la Cuarta Enmienda contra registros y confiscaciones poco razonables tiene por objeto impedir la intrusión del gobierno y proteger la privacidad.

Y sí, dije, “estadounidenses”. En Arizona, y el puñado de estados donde se han aprobado leyes similares, los agraviados no son los inmigrantes ilegales que no deberían estar allí, para empezar -y que no estarían allí, si los estadounidenses no los contrataran.

Los agraviados son los hispanos nacidos en EEUU, quienes han estado aquí desde siempre. Son personas con siete generaciones de antepasados en Arizona, desde los días del “Territorio de Arizona”. Imaginen qué insulto profundo debe ser para esa gente que, por el hecho de tener piel oscura y apariencia hispana, un oficial de policía cuyas raíces familiares no son tan profundas, les pida prueba de ciudadanía.

Los escudos no son intercambiables. El cumplimiento de la ley migratoria federal no debe ser delegado a la policía local o estatal. Agota los recursos, divide a las comunidades y destruye la confianza entre la policía y los inmigrantes.

Mientras los defensores de la ley afirman que no hay ningún problema en que Arizona lleve a cabo la tarea que el gobierno federal no realiza, un argumento tal es ridículo a primera vista. Los creadores de la Constitución encomendaron al gobierno federal la responsabilidad de regular la política migratoria de la nación -junto con acuñar dinero y firmar tratados con naciones extranjeras. Si al pueblo de Vermont no le agrada la apariencia del billete de 20 dólares, no pueden preparar las imprentas y sacar su propia versión.

Además, el gobierno de Obama ha aprehendido y deportado a más de 1,2 millones de inmigrantes ilegales. No se lo puede acusar con fundamento de no imponer la ley migratoria ni proteger las fronteras.

Por tanto, para los que creemos que esta ley es una de las cosas más perjudiciales y siniestras creadas por una legislatura estatal desde Jim Crow, hay mucho que celebrar por el hecho de que el tribunal revocara tres de las cuatro estipulaciones de la ley. Es aún más significativo que en esa mayoría se encuentren dos conservadores -el juez jefe John Roberts y el juez Anthony Kennedy.

Las porciones revocadas autorizaban a la policía a arrestar inmigrantes sin una orden de arresto, si existía una “causa probable” de que habían cometido un delito que los expulsara del país; convertían en delito del estado de Arizona que los sospechosos de estar ilegalmente en el país no llevaran consigo papeles de registro y otras formas de identificación; y prohibía a los inmigrantes indocumentados trabajar o incluso solicitar trabajo.

A propósito, habrán notado que los legisladores republicanos de Arizona que redactaron la ley no incluyeron en ella uno o dos renglones convirtiendo en delito del estado contratar inmigrantes ilegales. Eso hubiera perjudicado a los propietarios de empresas o miembros de Cámaras de Comercio, que generalmente contribuyen a los cofres de campaña del Partido Republicano. Ese “descuido” es sólo otro ejemplo de la hipocresía que siempre ha marcado la ley de Arizona.

Ahora la Corte Suprema ha enviado un mensaje ambiguo propio, abriendo el camino para mucha confusión y asegurando que la última palabra sobre este asunto aún no se haya escuchado.