Estamos invirtiendo en asesoría legal para salvar hogares

Los dueños de vivienda latinos y afroamericanos han sido duramente golpeados por la crisis hipotecaria. Según estadísticas recientes, tienen 175% más probabilidades que la población general de los propietarios de verse envueltos en un embargo hipotecario.

El costo económico es enorme. En promedio en todo el estado, cada ejecución de una hipoteca conlleva alrededor de $245.000 en costos directos e indirectos.

Aún peor es el impacto en las familias. Los distritos escolares de todo el país han reportado un aumento en los estudiantes sin hogar relacionados con las ejecuciones hipotecarias.

Mi oficina ha desarrollado una estrategia en varios frentes para enfrentar esta crisis. Nuestros objetivos son: proteger los derechos de los propietarios de viviendas, acelerar el mayor alivio posible a aquellos que están luchando ahora, hacer rendir cuentas a los que la causaron y llegar al fondo de los hechos que la provocaron para que nunca vuelva a suceder.

El primer paso fue negociar el acuerdo hipotecario nacional que se firmó en febrero. Con el fin de resolver numerosas violaciones de las leyes estatales y federales relacionadas al servicio de hipotecas y prácticas de ejecución hipotecaria, los cinco mayores bancos de servicio hipotecarios proporcionarán miles de millones de dólares en alivio a los propietarios en forma de menores tasas de interés, reducción de capital, modificación de préstamos y miles de millones a los estados para programas de ayuda a los propietarios de viviendas.

El acuerdo endurece las normas para el servicio de hipotecas y ejecuciones hipotecarias. Un aspecto crítico del acuerdo fue la preservación del derecho a emprender acciones legales por mala conducta en el mercado hipotecario que aún no ha sido investigada a fondo.

Nueva York recibió más de $130 millones, la mayor cantidad de dinero por cada propietario de vivienda en dificultades de cualquier estado.

La semana pasada anuncié un proceso acelerado para distribuir una parte sustancial de esos fondos -$60 millones- a los proveedores de servicios legales y asesores de vivienda para ayudar a propietarios en dificultades.

La ley de Nueva York ofrece protecciones para los propietarios que enfrentan ejecuciones hipotecarias, incluyendo el derecho a un aviso de pre-ejecución hipotecaria y el derecho a una conferencia de conciliación.

Exhorto a los propietarios en dificultades buscar asistencia legal de entidades sin fines de lucro en su vecindario y visitar http://www.nysmortgagesettlement.com para aprender más sobre lo que hay disponible.

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