Sueños y pesadillas

Hace poco el presidente Obama emitió el Deferred Action for Childhood Arrivals, uno acto presidencial otorgando el derecho al trabajo y otros ciertos beneficios a los indocumentados que entraron al país como jóvenes y que han estudiado o cumplido con su servicio militar.

Para el presidente Obama, fue una forma de usar sus poderes limitados para efectuar lo que no pudo el congreso – convertir el DREAM Act en ley federal. El acto del presidente merece nuestro aplauso, aunque hubiera sido mejor legislar el DREAM Act.

Poco después, Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, la misma que firmó la controvertida ley SB 1070 que fue posteriormente anulada casi por completo por la Corte Suprema, emitió un decreto ordenándole a su estado que les niegue los beneficios públicos, como el privilegio de conducir, a los indocumentados aun si son protegidos por el decreto presidencial.

Fue un acto que seguramente terminará en las cortes.

Como he observado en varias ocasiones, el debate sobre la inmigración está tomando dimensiones similares a la polémica sobre la esclavitud que prevaleció en este país antes de la Guerra Civil. En esa época, los que querían preservar al esclavitud sabían que sería mejor defender el derecho constitucional del estado contra el poder federal.

Estamos observando una dinámica similar en cuanto a los indocumentados. Moralmente es difícil negarle los beneficios básicos a un niño que fue arrastrado a este país por sus padres y acaba de terminar su servicio militar en Irak. Pero es bastante fácil abogar a favor de los derechos del estado contra el poder federal, aun si la meta es de privar a ese mexicano del derecho a una licencia para conducir.

Y apunta hacia una larga y dolorosa batalla para humanizar a las leyes

que controlan la inmigración en este país, por lo menos si no hay voluntad en Washington para cambiar las leyes.