Una demanda política
Si cabía alguna duda de la motivación política detrás de la investigación legislativa de la Operación Rápido y Furioso quedó demostrada con la demanda judicial presentada por la Cámara Baja contra el secretario de Justicia, Eric Holder.
Esta acción legal asegura mantener vivo este tema, que se ha vuelto muy popular entre los entusiastas de las armas de fuego, durante los últimos meses de la campaña presidencial.
“Rápido y Furioso” fue un desafortunado operativo de la oficina en Arizona de la Agencia para el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) destinado a controlar el contrabando de armas de Arizona a México.
Un detallado reporte de la revista Fortune muestra que las acciones de los agentes se limitaron a identificar ciertas ventas de armas con la colaboración de algunas armerías. La gran dificultad era llevar ante la justicia a los que compran armas de guerra para revenderlas a los carteles mexicanos por leyes en ese estado.
La muerte del agente fronterizo, Brian Terry, – por una de esas armas- y la disconformidad de agentes del ATF de ese grupo llevó una denuncia ante el presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, Darrel Issa, quien no ha dejado de sacar provecho exigiendo documentos y más documentos al Departamento de Justicia hasta que el presidente Obama clamó privilegio ejecutivo para rechazar las exigencias del comité.
Como consecuencia, el comité declaró en desacato por primera vez en la historia estadounidense a un secretario de Justicia y ahora quieren llevar a Holder a los tribunales. La investigación fue un ejemplo de partidismo en el que se rechazó tanto ver el origen de la operación en la Administración republicana pasada como escuchar testigos que no estén de acuerdo con la línea oficial.
Ya hemos dicho que es urgente detener las armas que van a parar a los cárteles mexicanos y que los esfuerzos deberían ir a ese fin. Sin embargo, para Issa y el Comité de Supervisión el peligro es la Casa Blanca en vez de narcotraficantes armados hasta los dientes.
