El rostro latino de Long Island

Los hispanos de la zona piden una política migratoria eficaz y más empleos
El rostro latino de Long Island

Long Island – La tranquilidad. Ese es uno de los denominadores comunes, algo que une a los habitantes de Long Island. Viven aquí porque durante más de medio siglo se han construido redes familiares, laborales y de solidaridad que hacen menos difícil la adaptación como inmigrantes de diversas partes del mundo… y América Latina no es la excepción.

La posibilidad de encontrar un empleo o fundar un negocio, sin importar el estatus migratorio y así construir “el Sueño Americano” ha atraído a decenas de miles de personas a Long Island con el establecimiento de diversas industrias de soporte militar tras la Segunda Guerra Mundial e incluso desde los años 30, como lo indica el Centro de Estudios Puertorriqueños: “Familias extendidas divididas, se expandieron hacia sectores desconocidos, hacia Long Island y otros suburbios distantes (de Manhattan). Aquí se vieron forzados a comenzar de nuevo, confrontando viejos patrones de discriminación basados en su condición, el color, o simplemente porque hablaban en español”.

Los puertorriqueños abrieron la brecha para los hispanos en Long Island, consiguiendo algunos de los primeros puestos de trabajo en el Pilgrim State Hospital y la panadería Entemann’s; pronto comenzaron a hacerse de sus casas y negocios, empoderándose como comunidad, añade el Centro.

Fruto de ese empoderamiento boricua fue la elección en 2002 de Phil Ramos (D, WFP- Central Islip) como representante del 6to. Assembly District, que incluye porciones de Brentwood, Baywood, Central Islip, Bay Shore, North bay Shore, Islip e Islandia.

“La comunidad latina de Long Island ha estado desde los años 40 pero ha evolucionado, ha sido en los últimos 10 años que se puso de pie políticamente. La elección de diversos funcionarios locales demuestra la explosión de la conciencia cívica y política de la población hispana”, dijo Ramos a El Diario.

Además, el Asambleísta destaca que Long Island es sede de más de 40 organizaciones cívicas que trabajan por mejorar la calidad de vida de los hispanos, muchas de las cuales reciben fondos locales.

De cara a la próxima elección Presidencial, el político destacó que si bien la necesidad de una reforma migratoria “está en el corazón de los latinos” el gobierno debe ocuparse de la economía. “Si la economía está buena, hay dinero para programas sociales, becas y hay menos crimen. El gobierno no puede resolverlo todo, pero con inversiones en infraestructura, por ejemplo en los Downtown, se puede estimular la economía local”, explicó.

El profesor Mariano Torras, quien en su estudio de 2006 determinó el aporte económico de los inmigrantes a los condados de Nassau y Suffolk, explica que fue después de la instauración de la Immigration and Nationality Act de 1965, que la inmigración a Long Island diversificó la presencia europea colonial.

A partir de los años 70, Nueva York comenzó a recibir migrantes de República Dominicana, Haití, Jamaica y otros; en la siguiente década fue el turno de los centroamericanos quienes, empujados por las guerras internas, comenzaron a fundar enclaves en Hempstead, Brentwood, Central Islip y Glen Cove City.

En 2011, de acuerdo con el Censo, los salvadoreños constituyeron la minoría más grande de Long Island con 99,495 habitantes, representando el 22.5 por ciento del total de la población –esto pro primera vez sobre los puertorriqueños, que sumaban 88,514 habitantes.

Según Torras, después de restar impuestos, ahorros, remesas e impuestos sobre propiedades, los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, representaban en 2006 un aporte estimado de $7.5 billones en poder adquisitivo.

Su diversa población tiene muchos logros, añade: más del 13 por ciento de los adultos mayores de 25 años tienen un título académico y la población en general tiene el doble de posibilidades de finalizar la secundaria.

¿Qué perturba este ambiente de bonanza y prosperidad?

Es precisamente la cantidad, indeterminada, de residentes que viven en la sombra, pese a que pagan impuestos y contribuyen al consumo de bienes y servicios. El estudio de Torras señala que los inmigrantes contribuyen con un promedio de $2,305 más de lo que el Gobierno invierte en ellos en educación, salud y correccionales.

Es imperativo, a juicio de ciudadanos y activistas comunitarios de Long Island, que el Gobierno Federal implemente una política migratoria integral que saque a la gente de las sombras y se integren plenamente como población económicamente activa, con derechos y obligaciones.

“No podemos hablar de casas o de mejores oportunidades en educación porque si la gente no tiene un empleo no podrá mantenerlos”, asegura George Siberon, director ejecutivo de la organización Hempstead Hispanic Civic Association.

De cara a las elecciónes, el activista salvadoreño-americano Omar Henríquez destacó la necesidad de órdenes ejecutivas directas, como el caso de la Acción Diferida para los estudiantes, en el caso de no haber una mayoría en ambas cámaras federales. “Lo primero sería alto a las deportaciones, pero estamos consientes que la economía es primero”, reflexionó.