Piden investigar abusos de Patrulla Fronteriza
Las directrices de la Patrulla Fronteriza autorizan a sus agentes a repeler ataques de piedras con balas.
Desde 2010 han muerto 16 personas a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Crédito: Archivo / AP
Organizaciones de derechos civiles reiteraron su demanda de que el gobierno estadounidense ordene una investigación integral e independiente a la Patrulla Fronteriza, ante el número de muertes y abusos que involucran a sus agentes.
“Los múltiples incidentes de muertes y de abusos por parte de los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) demandan una investigación integral e independiente”, apuntó en un comunicado la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU).
La investigación, también ha sido solicitada por miembros del Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste, constituida por unas 60 organizaciones comunitarias de la frontera con México, desde 2010 han muerto 16 personas a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
El suceso más reciente ocurrió la noche del miércoles en Nogales, Arizona, cuando agentes fronterizos dispararon contra el adolescente José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, que presuntamente les arrojaba piedras desde territorio mexicano, y quien murió por heridas de bala, según informaron autoridades mexicanas.
Los tiroteos mortales por parte de la Patrulla Fronteriza han ocurrido con una desalentadora frecuencia, apuntó la ACLU, al hacer una lista de los registrados recientemente.
Además del adolescente muerto la semana pasada, el 28 de septiembre falleció, baleada por agentes fronterizos, Valeria Munique Tachiquin, de 32 años de edad y madre de cinco hijos en la comunidad fronteriza de Chula Vista, California.
Un agente fronterizo vestido de civil, disparó contra ella al temer ser arrollado por el automóvil que conducía la mujer.
El pasado siete de julio, dos agentes fronterizos dispararon en la margen norte del río Bravo, cerca de uno de los puentes internacionales que unen a Brownsville con la comunidad limítrofe de Matamoros, y dieron muerte al mexicano Juan Pablo Pérez Santillán.
Los agentes justificaron el uso de fuerza mortal al sostener que fueron atacados a pedradas por un hombre que le apuntó con un arma.
El tres de septiembre, en un incidente muy similar, los agentes dieron muerte a Guillermo Arévalo Pedraza, de 36 años de edad, por presuntamente haberles arrojado piedras desde el lado mexicano de la frontera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las directrices de la Patrulla Fronteriza autorizan a sus agentes a repeler ataques de piedras con balas. La corporación justifica el uso de fuerza letal en estos casos al sostener que las piedras tienen el potencial de causar graves lesiones a los agentes.
Sin embargo, el gobierno de México considera que “el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia”.
“Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país, apuntó la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, en un comunicado en el que condenó la reciente muerte del adolescente.
“Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral”, indicó.
La ACLU, la mayor organización de defensa de derechos civiles en Estados Unidos, consideró en el comunicado que la Oficina de Protección Fronteriza “padece una crisis” en lo relacionado al uso de fuerza fatal por parte de sus agentes, “que está severamente dañando la integridad de esa dependencia”.
La ACLU demandó además de una investigación de las políticas que autorizan esta práctica a los agentes fronterizos, la creación de una comisión permanente de supervisión de la CBP.
“La CBP no puede ignorar los sistémicos problemas sobre uso de la fuerza letal, ante el hecho de que se tienen investigaciones pendientes confidenciales sobre estos casos”, indico la ACLU.
“La agencia debe comprometerse con el público y dejar en claro si se apega o no a las mejores prácticas de aplicación de la ley, tales como la capacitación de agentes para dar prioridad a técnicas de apaciguamiento y el equipar al personal con equipo de protección que reduzca el riesgo de lesiones y la correspondiente necesidad de utilizar potencialmente fuerza letal”, señaló.
