Estados Unidos espera en vano

Después de una dura campaña electoral cuyo costo superó holgadamente los 2 mil millones de dólares, para muchos observadores los cambios en la política estadounidense no fueron tantos: Barack Obama aún es presidente, los republicanos todavía controlan la Cámara de Representantes y los demócratas mantienen su mayoría en el Senado.

Estados Unidos enfrenta un precipicio fiscal –aumentos en los impuestos y recortes en el gasto automáticos a partir de principios de 2013, que muy probablemente llevarán a la economía a una recesión a menos que se logre un acuerdo bipartidario sobre una alternativa fiscal– ¿podría haber algo peor que una parálisis política ininterrumpida?

De hecho, la elección tuvo varios efectos saludables –más allá de mostrar que el gasto corporativo desenfrenado no puede comprar una elección y que los cambios demográficos en EE. UU. pueden condenar al extremismo republicano. La campaña explícita de los republicanos en algunos estados para privar del derecho al voto a ciertas personas –como en Pensilvania, donde intentaron dificultar que los afroamericanos y latinos se registrasen para votar– resultó contraproducente: quienes vieron sus derechos amenazados encontraron motivos para entrar en acción y ejercerlos. En Massachusetts, Elizabeth Warren, una profesora de derecho de Harvard e incansable defensora de reformas para proteger al ciudadano común de las prácticas abusivas de los bancos, ganó una banca en el Senado.

Algunos de los asesores de Mitt Romney parecieron desconcertados por la victoria de Obama.

Los republicanos debieron prever el interés estadounidense por cuestiones como la quita del derecho al voto y la igualdad para ambos sexos, pero no lo hicieron. Si bien estos temas se refieren al núcleo de los valores del país –lo que implica para nosotros la democracia y los límites a la intromisión gubernamental en las vidas de las personas– también son cuestiones económicas. Como explico en mi libro The Price of Inequality (El precio de la desigualdad), gran parte del aumento de la desigualdad económica en EE. UU. puede atribuirse a un gobierno en el cual los ricos tienen una influencia desproporcionada –y la usan para afianzarse.

En términos de la política económica para los próximos cuatro años, la causa principal de celebración poselectoral es que los EE. UU. han evitado medidas que hubieran impulsado el país hacia la recesión, aumentado desigualdad, impuesto más penurias a los ancianos e impedido el acceso al cuidado de la salud a millones de estadounidenses.

Más allá de eso, esto es lo que los estadounidenses deberían esperar: una ley sólida de «empleo» –basada en inversiones en educación, atención sanitaria, tecnología e infraestructura– que estimule la economía, restablezca el crecimiento, reduzca el desempleo y genere ingresos impositivos que superen a sus costos con un amplio margen para mejorar la posición fiscal del país.

Además es necesario un programa integral para aumentar las oportunidades económicas y reducir la desigualdad –su meta será eliminar durante la próxima década el dudoso honor estadounidense de ser el país avanzado con la mayor desigualdad y la menor movilidad social. Esto implica, entre otras cosas, un sistema impositivo justo, más progresivo y que elimine las distorsiones y los vacíos legales que permiten a los especuladores pagar impuestos a tasas efectivas menores que las que deben afrontar quienes trabajan para ganarse la vida, y que los ricos usen las Islas Caimán para evitar pagar la contribución que les corresponde.

Estados Unidos –y el mundo– también se beneficiarían con una política energética que reduzca su dependencia de las importaciones, tanto por un aumento de su producción local como por la reducción del consumo, y que reconozca los riesgos que implica el calentamiento global. Además, la política de ciencia y tecnología estadounidense debe reflejar que los aumentos de largo plazo en los estándares de vida dependen del crecimiento de la productividad, que refleja el progreso tecnológico que supone cimientos sólidos en la investigación básica.

Finalmente, EE.UU. necesita un sistema financiero que sirva a toda la sociedad en vez de funcionar como un fin en sí mismo. Eso significa que el foco del sistema debe desplazarse de los intercambios especulativos y las negociaciones con cartera propia a los préstamos y la creación de empleos, algo que implica reformas en la regulación del sector financiero y de las leyes antimonopolio y de gobierno corporativo, junto con la cohesión para garantizar que los mercados no se conviertan en casinos manipulados.