Enfrentados por Comunidades Seguras
La atroz política del presidente Obama para imponer las leyes migratorias, incluyendo la utilización del programa Comunidades Seguras, ha devastado comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos.
Y ha dividido a los demócratas.
Ese hecho fue evidente el año pasado, cuando tres gobernadores demócratas: Deval Patrick, de Massachusetts; Pat Quinn, de Illinois y Andrew Cuomo, de Nueva York, anunciaron que se retiraban del programa Comunidades Seguras, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,) les informó que no podían hacerlo, a pesar de que se había dicho que era un programa optativo.
El engaño burocrático no acabó allí. Comunidades Seguras, el cual requiere que la policía local presente a las autoridades federales las huellas dactilares de todo arrestado sospechoso de estar en el país ilegalmente (es decir, todo el que tenga apariencia de latino), debería concentrarse sólo en delincuentes serios y violentos. Pero, en la práctica, ICE desea que el programa se aplique a todo el que esté detenido por la policía.
También requiere que las autoridades locales retengan a inmigrantes ilegales confirmados.
Eso significa que todo caso de violencia doméstica en que se lleve a la víctima a la comisaría y se le saque las huellas digitales, o todo arresto de un vendedor ambulante por vender helados sin un permiso, podría conducir a un procedimientos de deportación. Bajo Comunidades Seguras, lanzado en 2008, no es necesario que el castigo sea apropiado para el delito; todo lo que importa es que sea adecuado para los objetivos políticos de una Casa Blanca ansiosa por parecer dura con la inmigración ilegal.
Ahora, la división dentro del partido se ha extendido a California. La Procuradora General, Kamala Harris, recientemente expresó a las fuerzas de seguridad locales y del estado que están en libertad para no cumplir con Comunidades Seguras. El Departamento de Policía de Los Ángeles, el mayor del estado, ya ha decidido abstenerse del programa; el jefe de policía, Charlie Beck, anunció en octubre que estaba retirando a sus oficiales del programa.
Sin utilizar esa palabra, Harris está acusando esencialmente al gobierno de Obama de fraude. Expresó a reporteros que, a pesar de que inicialmente se dijera que el programa se concentraría en los delincuentes más serios, y a pesar de una garantía directa de los funcionarios de ICE, el año pasado, un estudio realizado por el estado de datos provistos entre marzo y junio demostró que el 28% de los identificados como candidatos para la deportación en California, no eran delincuentes.
“Comunidades Seguras no ha sido lo que aspiraba ser”, dijo Harris.
Y, por tanto, los organismos de seguridad locales y del estado no tienen la obligación legal de responder al pedido de ICE de que se detenga a los sospechosos de ser inmigrantes ilegales.
En el otro extremo del espectro está el gobernador de California, Jerry Brown, quien a principios del otoño indignó a defensores de los derechos de los inmigrantes cuando vetó una propuesta de ley llamada Ley TRUST. La ley hubiera prohibido que las fuerzas de seguridad locales cooperaran con los agentes federales de inmigración, a menos que el detenido en cuestión fuera acusado de un delito mayor serio o violento.
Brown intentó justificar su veto con la excusa de que la ley tenía defectos, expresando que quería que la ley fuera mejor y que estaría dispuesto a firmar una versión mejorada. El gobernador debería haber admitido que estaba haciéndole un favor al gobierno de Obama, ahorrándole un bochorno en un año electoral.
Comunidades Seguras ha causado suficientes divisiones y daños. El presidente Obama es muy elocuente cuando habla de arreglar el sistema migratorio. Puede empezar por corregir errores pasados y poner fin a un programa.
