México: Funcionarios en la mira en caso Wal-Mart
Un político y un funcionario mexicano están en la mira dentro del caso Wal-Mart y amenazaron el viernes con demandar ante autoridades fiscales del país a quienes los acusan de recibir sobornos de la firma en México para facilitar la obtención de permisos con el fin de construir supermercados.
MEXICO.- El gobernador del estado central de Morelos, Graco Ramírez, dijo que exigía que mostraran evidencia de su participación en el caso, un día después de que legisladores estadounidenses revelaran correos electrónicos, según los cuales el director general de Wal-Mart, Mike Duke, tenía conocimiento de los supuestos sobornos desde 2005.
Mientras tanto, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo, negó recibir sobornos y dijo que entregó los expedientes a la Procuraduría General de la República y el órgano anti-corrupción del país.
“Quien diga eso, que pruebe”, dijo Ramírez. “No tengo ningún trato con Wal-Mart nunca, ni antes ni ahora, ni con ninguno de sus funcionarios”, expresó.
Ramírez y Arroyo son mencionados en dos correos fechados en octubre de 2005 de parte de un abogado mexicano, dirigido a Maritza Munich, entonces abogada de Wal-Mart International. Munich a su vez reenvió uno de estos correos a más funcionarios de alto nivel, incluyendo Duke, y el otro al que fungía como abogado de Wal-Mart, Thomas Mars.
En los correos se describe cómo el abogado con conocimiento de los presuntos sobornos señala al ahora gobernador Ramírez como el intermediario de pagos que sumaron entre 3,5 o 4 millones de pesos (entre 310,000 y 350,000 dólares) a finales de 2003 y partes de 2004.
Los pagos fueron hechos en efectivo en sobres y con el conocimiento del presidente de Wal-Mart de México, según los documentos de los legisladores. Los pagos eran para agilizar el análisis del impacto urbano de una ampliación de un Wal-Mart y un Sam’s Club en un vecindario céntrico de la ciudad capitalina.
Ramírez dijo que presentará una demanda por la vía civil. Además Ramírez dijo que las fechas en las que se le acusan de negociar presuntos sobornos de la compañía por parte del gobierno de la Ciudad de México no corresponden al período en el que el ejerció puesto como congresista, como lo identifican en los correos.
En cuanto al titular del instituto de antropología, Arroyo, se menciona en los documentos que a Wal-Mart de México se le solicitó una donación de 500,000 pesos (alrededor de 44,000 dólares) como donación a la agencia y un regalo personal de 400,000 pesos (alrededor de 35,000 dólares) para que el instituto permitiera una construcción cerca del sitio arqueológico de Teotihuacán. En un correo anterior, se mencionan cantidades más bajas de dinero de los supuestos sobornos a los dos políticos.
Arroyo dijo que el instituto actuó de manera correcta y, como Ramírez, dijo que no existían pruebas de irregularidades. Agregó que estudiaba el caso para ver si presentaría una demanda.
“Se trata de un infundio”, dijo Arroyo el viernes por la tarde a Milenio Televisión. “A mí lo que me interesa es esclarecer este asunto…yo no me siento culpable de nada. No soy culpable de nada”.
Los congresistas demócratas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, quienes investigan los señalamientos de contra Wal-Mart, compartieron el jueves los correos electrónicos que dijeron haber obtenido de una fuente confidencial . Enviaron una carta a Duke para pedirle una reunión con ellos.
En abril del año pasado surgieron los primeros señalamientos de que Wal-Mart se abstuvo de notificar a las fuerzas del orden que funcionarios de la compañía recurrieron a sobornos de millones de dólares para acelerar la obtención de permisos en México a fin de construir tiendas y otros favores. Wal-Mart ha dicho que ha estado colaborando con los gobiernos de México y Estados Unidos en esa investigación.
Los señalamientos de soborno fueron reportados por primera vez por el diario The New York Times. El mes pasado, el periódico publicó otro reportaje que se centró en cómo la división de Wal-Mart en México daba grandes pagos para hacer cosas que la ley prohíbe. Se enfocó el caso en la tienda Bodega Aurrerá en un poblado al sureste de la zona arqueológica de Teotihuacán.