La justicia mexicana

La liberación de la secuestradora francesa, Florence Cassez, muestra un trato desigual en México

Actitudes

Es harto difícil entender los entretelones de la justicia mexicana. El miércoles pasado la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por participar en varios secuestros con la banda Los Zodiaco, fue puesta en libertad gracias a “un amparo liso y llano” que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La esbelta mujer de 38 años tuvo en menos de un año dos resoluciones encontradas por parte del máximo órgano de justicia mexicano.

La sentencia de la Suprema Corte tiene que ver con las violaciones al proceso de su captura y no niega las acusaciones por demás probadas de que la francesa formó parte activa de la banda de secuestradores Los Zodiaco que encabezaba su pareja Israel Vallarta.

Pero sí invalida la sentencia de 60 años de prisión porque considera que se violaron sus derechos desde el momento mismo de su detención cuando el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, montó una escena televisiva para dar espectacularidad a la captura de la organización criminal.

Lo grave al final del día es que la sentencia declara la libertad absoluta a una persona que cometió delitos de alto nivel y que afectó severamente a mexicanos que fueron secuestrados por la banda en la que operaba. ¿Cómo explicar a sus víctimas que no habrá justicia en su caso y que la francesa no pagará por los delitos cometidos?

Evidentemente existen otros intereses que originaron un cambio dramático en el curso del caso que una vez más pone en entredicho la transparencia y legalidad de la justicia mexicana.

Desde que Enrique Peña Nieto como presidente electo visitó Francia dentro de su gira de acercamiento con los líderes europeos, quedó abierta la posibilidad de liberar a Florence Cassez como una solución al conflicto diplomático que originó su proceso legal.

La influencia, perseverancia y el hábil manejo mediático por parte de la familia Cassez y las autoridades galas, condujeron a que el gobierno de Peña Nieto viera con simpatía la liberación de la francesa y se comenzó a operar en tal sentido.

Todo parece suponer que se optó por la salida pragmática sin importar el sentir de la ciudadanía mexicana que a través de las redes sociales volcó su indignación contra la Suprema Corte y el gobierno de Peña Nieto en cuanto se anunció el amparo a favor de Cassez.

Y no faltarán las condenas de las víctimas Ezequiel Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron la tortura psicológica y abusos sexuales durante su cautiverio con la banda de Los Zodiaco, en donde Cassez participaba.

Habría que preguntarles a los ministros, ¿por qué no actúan con el mismo interés y celeridad para liberar a tantos ciudadanos inocentes hundidos en las cárceles del país por los abusos de las autoridades y por no contar con asistencia legal que los respalde?

¿Podría iniciar la Suprema Corte de Justicia una cruzada a favor de decenas de mexicanos que purgan sentencias injustas en el extranjero, en especial en Estados Unidos? ¿Hay que ser extranjero y de preferencia francés para recibir atención especial de las autoridades judiciales?