Ahora más que nunca, necesitamos preservar el derecho al voto

Apenas tres años después de haber esquivado la pregunta de si se debe prohibir la voluntad del Congreso, al declarar la parte más crítica de la Ley de Derechos Electorales inconstitucional, este mes la corte decidirá sobre el asunto nuevamente. Y al igual que la incursión inquietante de la Corte en el debate sobre si la acción afirmativa debe considerarse también incostitucional, para las comunidades marginadas esto puede ser motivo de preocupación.

El caso se llama Shelby County v. Holder. La cláusula que está en riesgo aquí es la Sección 5 que ha asegurado que cientos de miles de latinos puedan votar y que su voto colectivo sea contado y efectivo sin discriminación. La Sección 5 solo aplica en ciertos lugares con historial de discriminación contra votantes afro-americanos, asiáticos, indios nativos y latinos – y le obliga a estos condados a solicitar aprobación federal antes de enmendar sus leyes y normas electorales. La Ley de Derecho al Voto es eficaz precisamente porque previene discriminación antes de la implementación. Esos condados que pueden probar ser libre de discriminación contra votantes minoritarios por diez años pueden escapar los procedimientos de Sección 5, otros que son adjudicados en discriminar intencionalmente contras votantes minoritarios, pueden ser sujetos a la ley.

Los latinos tienen que prestar mucha atención. Los cuatro estados con mayor población latina: California, Texas, Florida y Nueva York, tienen jurisdicciones bajo la Sección 5. Cada uno de ellos tiene una historia, y un presente de discriminación documentada contra votantes latinos. Cada una de ellos goza del éxito de elegir representantes latinos. Y no es coincidencia que estos dos fenómenos existen conjuntamente. La Ley de Derecho al Voto es considerada la más eficaz de la época del movimiento de derechos civiles de los 60s y 70s por su logro en integrar a nivel racial y étnico las legislaturas del país. En 2006 el congreso federal reautorizó la Sección 5 y las clausulas de asistencia bilingüe en la Ley del Derecho al Voto por 25 años – y con un apoyo abrumador de ambos partidos políticos.

La reautorización fue firmada por un presidente republicano, George W. Bush. El Congreso intentó cumplir con su deber de implementar las enmiendas 14 y 15 de la Constitución – y todo esto será para nada si la Corte Suprema decide en enaltecer los derechos de los estados más que el establecimiento de normas en elecciones federales.

En Nueva York, los condados Bronx, Nueva York y Brooklyn están sujetos a la Sección 5. Abogados y activistas utilizan la Sección 5 frecuentemente para detener procedimientos electorales que resultan en discriminación en los mapas de redistribución de distritos electorales (“redistricting”), la falta de asistencia bilingüe, y las maneras que los votos son contados. Actualmente, oficiales municipales y estatales reconocen la eficacia de la Sección 5 y el procurador general Eric Schneiderman apoya la Ley del Derecho al Voto en este litigio.

Ahora más que nunca, necesitamos preservar el derecho al voto. Latinos componen el 16% de la nación pero solo el 2% de todos los dirigentes electos en el país. Cada vez que la comunidad latina ejerce su poder en las urnas electorales la respuesta es una ola reaccionaria de leyes para oprimir el voto, como requisitos de identificación con foto, la criminalización de campañas de inscripción de votantes, o la disminución de los días de “votación temprana”.

Ahora con el enlace entre el exitoso voto latino de noviembre pasado y el debate de la reforma migratoria, necesitamos más protecciones, no menos. Necesitamos la Sección 5.