Peor que la cárcel

MÉXICO, D.F.— Los jefes de los centros de detención para migrantes tienen en el puño de su mano la suerte de más de 80,000 indocumentados que cada año son detenidos en el país. “Arbitrarios” y “discrecionales” deciden los tiempos de permanencia, el tipo y calidad de los alimentos, la atención o desatención médica, la defensoría legal y hasta los castigos corporales.

De ello da cuenta el más reciente informe de las organizaciones de defensa de los derechos de inmigrantes Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.

El análisis tiene sustento en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, que aloja al 50% del total de los “sin papeles” detenidos en México.

Una salvadoreña identificada como Marina que requería tratamiento médico especializado debió esperar durante varios días a la decisión del administrador del centro que argumentaba “altos costos para el Instituto Nacional de Migración (INM)”.

Un menor de edad, también oriundo de El Salvador, fue encerrado en un lugar pestilente, sucio y apartado como castigo por su rebeldía en el dormitorio. “Me desesperé y quise cortarme las venas con un espejo que traía en mi cartera”, narró a los activistas sobre su experiencia en el sitio al que los detenidos llaman “El Calabozo”.

Ahí fue a parar también el cubano “Regino”, de 56 años, quien pidió asilo político por temor a las represalias en la isla y a cambio recibió tratos discriminatorios. Al final estuvo 282 días en el centro de detención, cuando el tiempo máximo concedido por la ley en casos especiales –sin identidad o enfermedad mortal- es de 60 días hábiles.

“El Calabozo es una celda de castigos”, explicó Melissa Vértiz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, atento al modelo de la estación Siglo XXI porque es el proyecto a seguir de los otros 31 centros de detención de indocumentados que hay en México.

“Las autoridades de migración no permiten a las organizaciones de la sociedad civil brindar asesoría legal gratuita y dejan a los indocumentados sin representación legal”, reprocha Mónica Oehler, de Sin Fronteras.

“Dicen que para eso están los defensores de oficio, pero no hay ningún convenio para que los indocumentados tengan acceso a ellos”.

Las desatenciones impactan además mínimos detalles de la vida cotidiana en los centros de detención como la higiene personal: algunas veces no les dan jabón para el baño, las camas están visiblemente sucias, las sábanas sin lavar y las duchas no tienen puerta.

Un bajo presupuesto del INM (alrededor de 28 millones de dólares para protección) y el día a día de los funcionarios representan la contradicción a las múltiples leyes que el Congreso ha legislado en pos de la inmigración irregular, entre ellas, la Ley de Migración.

Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba concluyen que los centros de detención para migrantes en México, incluyendo el Siglo XXI, tienen características carcelarias o peor aún.

“El no tener información sobre el tiempo que estarán detenidos, las violaciones al proceso y las condiciones físicas hacen sentir a muchos que estarían mejor en un centro de readaptación social”, dice Vértiz.