Un registro público no es la solución

La reciente propuesta del presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz, de expandir el registro de infractores de las leyes sobre armas de fuego para que aplique no sólo en la Ciudad de Nueva York sino en todo el estado y ponerlo a disponibilidad del público en línea, es desacertada, mal concebida y puede resultar muy cara.

Es cierto que Nueva York ha surgido como la ciudad grande más segura de Estados Unidos. Pero no hay pruebas confiables de que dicho registro de infractores en la Ciudad –impulsado originalmente por el Concejal Peter Vallone y que contó con el apoyo del Alcalde Mike Bloomberg y la presidenta del Concejo Christine Quinn– ha tenido algún impacto positivo en la seguridad pública.

En vez de gastar recursos escasos para expandir esta base de datos ineficaz, nuestros funcionarios electos deberían estar invirtiendo nuestros impuestos en expandir programas que de verdad funcionan.

El concejal Vallone a menudo menciona el hecho de que lugares como Baltimore, Chicago y Washington, D.C. han implementado la base de datos como evidencia de su eficacia. Pero estas ciudades siguen plagadas de crímenes violentos con armas de fuego. Por otra parte, la ciudad de Nueva York ha gozado de reducciones drásticas en crímenes violentos, además de un menor número de personas en cárceles y prisiones estatales, y bajo libertad condicional.

Una diferencia clara entre el enfoque a la seguridad pública de Nueva York y de estas otras ciudades en situación parecida, es que nos beneficiamos de una inversión a largo plazo en lo que se ha convertido en la mayor red y la más sólida infraestructura de programas de alternativas al encarcelamiento y reintegración en todo el país.

Las bases de datos de infractores son placebos políticos que sirven como artilugio y sólo le ofrecen al público una sensación falsa de seguridad. No hacen nada para confrontar los factores subyacentes que contribuyen al comportamiento criminal y la reincidencia.

En vez de crear más medidas sin significado que no levantan un dedo para brindarnos más seguridad, deberíamos aumentar el acceso a programas de reintegración que ofrecen servicios muy necesarios, tales como tratamientos licenciados de salud mental, antidrogas y antialcohol, capacitación laboral, preparación para el GED y programas para el manejo de la ira.

El Concejal Vallone conoce la eficacia de estos programas. Cada año, él es uno de los funcionarios electos claves que se paran al lado de la New York City ATI and Reentry Coalition en la escalera del Ayuntamiento para recordarles al Alcalde y al Concejo Municipal de la importancia de estos programas.

En su apuro por responder a la reciente ola de tragedias sin sentido por armas que han sacudido a nuestra nación, los legisladores responsables deben cuidarse de no renunciar al control de armas significativo a cambio de medidas fáciles de obtener que son ineficaces, miopes y caras.

El presidente de El Bronx, quien es obvio que desea reducir el crimen y la pobreza en su condado, debería abandonar su propuesta y aceptar otros enfoques que han demostrado tener mejor impacto y ser más económicos.

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