Prometen luchar

Entre la esperanza y la preocupación, activistas y organizaciones de base reaccionaron ayer a la letra del proyecto de ley de reforma migratoria presentado por la “pandilla de los 8” del senado de Estados Unidos: esperanza por la posibilidad de legalización para millones de inmigrantes y preocupación porque es apenas un primer paso y queda mucho por hacer para llevar este proceso a un resultado final.

“Pensamos que es muy pronto para juzgar esta propuesta, pero estamos preparados para la intensa lucha legislativa que se verá en los próximos meses”, indicaron por escrito activistas del San Diego Table on Immigration Policy, grupos proinmigrantes del área cercana a la frontera.

Líderes de los llamados “Dreamers” comunicaron esperanza y alegría al ver que sus hermanos mayores de 31 años ahora calificarían para el estatus legal y eventualmente para la residencia y ciudadanía, pero se preocuparon por las limitaciones para sus padres, por ejemplo, el requisito de empleo contínuo o los cambios a la reunificación familiar a favor de un sistema de mérito.

“Es dulce y amargo”, dijo Erika Andiola, líder dreamer de Arizona y del Dream Action Coalition. “Mi mamá estaba muy emocionada esta mañana porque ella calificaría. También llamé a mi hermana de 32 años, que no calificó para DACA, para decirle que de nuevo es una soñadora. Pero siendo de Arizona me duele saber que algunas de las familias que conozco y que han sido detenidas por trabajar con papeles falsos, por ejemplo, no están incluidas. Esto es apenas el comienzo, debemos impulsar mejoras”

Los grupos de familias inmigrantes gays y lesbianas se condolieron porque muchas de sus peticiones no fueron incluidas y sus familias o parejas no reconocidas, pero se alegraron de que la propuesta quite el tiempo máximo de un año para solicitar asilo que, alegaban, hacía que muchos de estos inmigrantes quedaran sin poder apelar a esa oportunidad.

Indocumentadas con años en este país vieron abrirse una oportunidad de legalización, aunque deploraron el largo tiempo que tendrían que esperar (10 años) para obtener la residencia permanente. Algunos señalaron que tienen años trabajando y contribuyendo al fondo de seguro social, pero que aún con el Estatus Provisional de Inmigrante, no tendrán derecho a ningún tipo de ayuda pública. No obstante, pensaron con ilusión en el día en que puedan viajar fuera del país.

“Yo tengo años trabajando y contribuyendo, así que no me gusta no tener acceso a ello, pero estoy feliz al pensar que podré viajar y tener residencia legal”, dijo Antonio, un indocumentado de 54 años, residente en Los Angeles, y que vive en EEUU desde hace 18 años.

Otros grupos comunitarios, sin embargo, deploraron la continuada severidad e inversión en recursos fronterizos y el cambio de énfasis de la reunificación familiar, parte de la cual será reformada hacia un sistema de puntos o méritos como el existente en otros países. Lo más descontentos juraron luchar contra la legislación por que, dicen, enfatiza la militarización de la frontera e impone multas que son excesivas para las familias trabajadoras.

“Nos oponemos a esta propuesta. Los legisladores han escogido un camino que forzaría a familias a pagar hasta 2000 dólares en multas e impuestos debido y esperar 13 años por la ciudadanía”, dijo Ron Gochez, de Union del Barrio y fundador de la Coalición de Inmigración del Sur de California. “Además, militariza aún más la frontera”

Activistas enfatizaron que este es apenas el primer paso en un largo camino y que aún falta por presentarse la versión de la Cámara de Representantes que muchos esperan será más restrictiva que esta. Ambas versiones serán enmendadas y luego reconciliadas, por lo que muchos cambios, para bien y para mal, pueden ocurrir. Dijeron que no se sentarán a esperar sino que actuaran decisivamente para influenciar el proceso.