Propuesta de reforma migratoria enfrentará cambios

WASHINGTON, D.C.- El proyecto de ley de reforma migratoria podría experimentar serias modificaciones, que disminuirían el número de personas legalizadas, además de sumar nuevas medidas para la seguridad en la frontera. Luego de la audiencia de ayer, quedó claro que el cabildeo por ciertos cambios será intenso.

Fue la quinta audiencia celebrada este año y la segunda desde que se presentó el proyecto de ley “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración 2013”. Por más de siete horas, cuatro paneles de testigos, debatieron junto a legisladores demócratas y republicanos, las fortalezas y debilidades de la propuesta.

Seguridad Fronteriza

Una de las áreas que probablemente será reforzada es la seguridad fronteriza. Diversos testigos en la audiencia recalcaron que el plan no entregaba suficientes protecciones. Personas como Janice L. Kephart, ex consejera de la Comisión 9-11, criticó que se exigiera un 90% de efectividad sólo en tres de los nueve sectores fronterizos.

Uno de los integrantes del “Grupo de los 8”, el senador Lindsey Graham (R-SC) insistió en que la legalización de los indocumentados está condicionada a ciertas metas en el área de seguridad. “Si podemos mejorar estas condiciones, si podemos mejorar el sistema para regular la entrada y salida en los aeropuertos, cuenten conmigo. Mejoremos este proyecto de ley, si podemos”, dijo.

Estatus de Inmigrante Provisional (RPI)

Otro de los puntos criticados fue el acceso al Estatus de Inmigrante Provisional (RPI). Senadores como John Cornyn (R-TX) insistieron en que una persona, que por ejemplo, ha estado envuelto en violencia doméstica, podría calificar. Es probable que aparezcan enmiendas que impongan nuevas barreras de acceso.

Entre otras condiciones, bajo el nuevo proyecto de ley, un individuo no podría postular al estatus de RPI, si cometió un crimen, tiene tres o más delitos menores, que no sean violaciones de tráfico y si ha perpetrado delitos bajo la ley extranjera.

Una de las barreras de acceso para la residencia legal será el pago de multas. Hasta ahora $2,000 por persona. Por el momento, la propuesta no incluye el pago de impuestos atrasados, ni una fórmula para determinarlos.

Sin embargo ayer, Grover Norquist -el conservador que fundó Americans for Tax Reform-, defendió el proyecto de ley y mencionó en repetidas oportunidades, las ganancias provenientes de impuestos atrasados, como si ya fueran parte de la propuesta.

“Necesitamos más trabajadores en diversas áreas“, agregó Norquist. “Un programa de trabajadores temporales más fuerte. Me gustaría ver más de esto en la propuesta, pero hemos avanzado mucho”, comentó.

Una posición similar tuvo Rick Judson, presidente de National Association Home Builders, quien insistió en que el acuerdo entre la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no contiene visas suficientes para trabajadores en el área de construcción.