Indocumentados deberán financiar cobertura de salud

WASHINGTON, D.C.- “No habrá ayuda del gobierno para la salud de indocumentados, que se legalicen en una reforma migratoria“. Ese fue el mensaje que entregó ayer, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-CA).

Según datos de Kaiser Family Foundation el promedio nacional por un seguro médico individual en Estados Unidos es de 215 dólares por mes. En California, por ejemplo, el costo de un día de hospitalización sin cobertura son $2,250.

Esta la realidad que tendrán que enfrentar millones de indocumentados que se legalicen bajo una nueva reforma migratoria. A partir del 1 de enero de 2014, será obligatorio que todas las personas tengan cobertura.

Este ha sido uno de los grandes obstáculos en las negociaciones sobre inmigración en la Cámara de Representantes, pero Pelosi aclaró las dudas cerrando la especulación, mientras un grupo de ocho legisladores continúa negociando un consenso, para levantar una propuesta.

En el proyecto de ley del Senado, los indocumentados que se legalicen podrían comprar cobertura en las bolsas de seguro médico creadas por la reforma sanitaria y se espera que ahí los precios sean más competitivos. Sin embargo, es muy pronto para saber si esa decisión subsistirá en un acuerdo final.

Por ahora, lo que está claro es que tanto demócratas como republicanos comparten la idea de no dar beneficios a las personas que se legalicen.

“Valoro las negociaciones sobre una reforma migratoria. Tenemos que proteger nuestras fronteras, trabajadores y contribuyentes. No existe ningún obstáculo para el apoyo de un proyecto de ley si especifica que no recibirán ayuda que venga de dinero federal”, aseguró Pelosi, consultada por La Opinión.

“No pudimos pasar esto cuando negociamos la reforma sanitaria. Tampoco podremos hacerlo ahora con una reforma migratoria“, agregó.

Organizaciones de derechos civiles están preocupadas por este tema. “Un inmigrante no puede costear los gastos de la cobertura médica y si producto de esto y los costos de atención se endeuda, entonces no calificará para la residencia permanente y podrá ser deportado. Eso es lo que se está jugando acá”, aseguró Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC.

“Debemos esperar a tener lenguaje legislativo. Pero es probable que hagamos algo en relación a los pagos. Lo importante es que la persona demuestre que está pagando y que está comprometida a hacerlo”, dijo Raúl Labrador (R-ID), consultado respecto a este problema.

Ahora el Congreso comienza un receso legislativo. Se espera que en junio arroje resultados concretos sobre este acuerdo en la Cámara de Representantes, mientras se realiza un voto en el Senado.