El derecho a la asistencia legal

Bajo la sexta enmienda de la Constitución, todos tenemos el derecho al asesoramiento jurídico. Pero con un Congreso dispuesto a socavar este pilar de nuestro sistema judicial, este derecho está en peligro.

Bajo el secuestro que automáticamente recortó fondos federales, el presupuesto para Asistencia Legal ha sufrido grandes pérdidas. Y son los afroamericanos y latinos quien son los más afectados.

Las estadísticas muestran que son los pobres, la clase obrera y la clase media — o sea aquellos sin los medios financieros para retener representación privada son los que utilizan esta asistencia.

Entre los que no tienen otra opción, solo aceptar la asistencia legal, están los estadounidenses más vulnerables. Cómo, los son las víctimas de violencia doméstica y víctimas de desastres naturales, y las personas con discapacidades. Más de 63 millones de estadounidenses que residen en hogares con ingresos en o por debajo del del nivel federal de pobreza por 125%, incluyendo entre ellos 22 millones de niños, califican para la asistencia legal.

Por ende, los que menos pueden darse el lujo de ser afectados se ven afectados.

El 8.2% de recortes bajo el secuestro están por encima de los que ya han sido implementados. El actual presupuesto de $348 millones es $72 millones por debajo de los $420 millones asignados en 2010.

Miles de empleados que directa o indirectamente trabajan en el sistema de asistencia legal están siendo despedidos y miles más están con permisos de salida sin paga. Por encima de esto, los retrasos en las cortes como consecuencia de los recortes, ponen en peligro el tipo de justicia que se suponen sea igualitaria para todos. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta los recientes informes sobre los retraso en los tribunales de El Bronx.

El mismo Congreso que juega con los servicios que ayudan a millones de ciudadanos ha rescatado otros servicios como, la seguridad del aeropuerto, el FBI, las patrullas fronterizas e incluso el Servicio Meteorológico Nacional. Pero, ¿dónde está el clamor por el sistema legal?

Pero a medida que se queda el gobierno inactivo, más servicios son eliminados y otros paralizados, haciendo que el impacto a el sistema legal sea más devastador. El Congreso debe detener y reinvertir fondos para preservar el acceso a hacia la justicia para los más necesitados.

No podemos vivir en una nación donde existe penal capital y solo los que tienen la capital evitan la pena.

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